El Reino Unido y Francia firmaron este jueves un nuevo acuerdo migratorio valorado en unos 770 millones de euros para intentar frenar las travesías irregulares a través del Canal de la Mancha. El pacto fue suscrito por la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, y su homólogo galo, Laurent Nuñez, en Loon-Plage, junto a Dunkerque, en el norte del territorio francés, durante una visita al futuro centro administrativo de retención para extranjeros pendientes de expulsión.

El acuerdo supone un refuerzo del despliegue policial francés en las costas del norte del país, incorpora por primera vez unidades específicamente entrenadas en control de multitudes para impedir embarques y establece un sistema de financiación condicionado a los resultados.

En las playas de Gravelines, Dunkerque o Calais la escena se repite desde hace años: grupos de hombres, mujeres y niños, muchos de ellos procedentes de Sudán, Afganistán, Eritrea, Siria o Irán, llegan de madrugada a la costa con chalecos salvavidas mientras patrullas policiales francesas vigilan la zona e intentan interceptar las embarcaciones neumáticas antes de que abandonen aguas galas rumbo al Reino Unido. Las intervenciones se han mostrado hasta ahora insuficientes para atajar los cruces.

El nuevo acuerdo prevé el despliegue de cerca de 1.100 agentes entre fuerzas de seguridad, Inteligencia y personal militar, un incremento de aproximadamente el 40% respecto al dispositivo anterior. Entre ellos habrá una unidad de medio centenar de agentes entrenados en “tácticas de control de multitudes”, con el objetivo de “contener y dispersar” a los grupos que intentan embarcar.

Además, Francia desplegará dos helicópteros, drones adicionales, un sistema reforzado de cámaras de vigilancia, una nueva embarcación y más de veinte agentes marítimos destinados a interceptar los llamados taxi boats, pequeñas lanchas que recogen a los migrantes a pocos metros de la orilla para eludir los controles policiales en la arena.

Durante años, una de las principales tensiones entre Londres y París ha sido precisamente la actuación de la Policía gala cuando las embarcaciones ya estaban en el agua. Desde el Reino Unido se criticaba que los agentes observaban cómo los migrantes embarcaban sin intervenir, pero Francia defendía que no se trataba de inacción, sino de una limitación jurídica y operativa, ya que cuando una lancha neumática ya está flotando y sobrecargada con decenas de personas, a menudo con niños a bordo, cualquier intervención brusca puede provocar que vuelque y causar muertes.

“BRUTAL PARA LOS REFUGIADOS”

El plan ha generado críticas. Organizaciones humanitarias y asociaciones de defensa de refugiados sostienen que el problema no es la falta de vigilancia, sino la ausencia de vías legales y seguras para solicitar asilo en el Reino Unido y la insistencia en una estrategia basada en la contención policial.

Jo Cobley, directora ejecutiva de Safe Passage International, calificó el acuerdo como “un pacto brutal para los refugiados” y advirtió de que “más tácticas violentas solo obligarán a personas que han huido de la guerra a emprender viajes todavía más peligrosos y mortales a través del Canal”. Sile Reynolds, de Freedom from Torture, fue contundente: “Ahora estaremos pagando para que botas policiales y porras se utilicen indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños por el simple hecho de buscar seguridad”.

Sin embargo, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que se debe “restaurar el orden y el control” en las fronteras del país. “Eso significa actuar contra estos peligrosos cruces y llevar a los traficantes de personas ante la justicia”, señaló. Y añadió que el trabajo entre ambos territorios “ya ha detenido decenas de miles de cruces” y su Gobierno “ha deportado o retornado a casi 60.000 personas que no tenían derecho a estar” en el Reino Unido. “Este acuerdo histórico significa que podemos ir más lejos: aumentando la Inteligencia, la vigilancia y la presencia sobre el terreno para proteger las fronteras británicas”, sentenció Starmer.