Diario de Navarra

La vida de centenares de miles de personas en España dio un vuelco el pasado 26 de enero. Durante la tarde de aquel lunes, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, anunció que su formación y el Gobierno de España habían acordado una regularización “masiva” de migrantes, aprobada el día siguiente por el Consejo de Ministros a través de un real decreto que permitió evadir el Congreso de los Diputados, donde la falta de acuerdo entre los grupos mantenía bloqueada desde hacía un año y medio una Iniciativa Legislativa Popular con el mismo objetivo. La medida beneficiará, según el Ejecutivo, a cerca de medio millón de personas, aunque otras estimaciones, como la realizada por Funcas, elevan la cifra a 840.000. En Navarra se calcula que 10.000 migrantes se acogerán a la norma. Esta regularización, la séptima en la historia democrática del país (Felipe González llevó a cabo tres, José María Aznar efectuó dos y José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una), supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, tras la entrada en vigor el pasado mes de mayo del nuevo Reglamento de Extranjería, y ahonda las diferencias de España con respecto a los principales países europeos, donde la tendencia apunta a un endurecimiento de los controles migratorios y de los requisitos de acceso a los permisos de residencia. Suecia reforzó hace unos días las condiciones para acceder al asilo, Suiza votará en junio si limita su población a 10 millones de personas —una propuesta que partió de la ultraderecha para topar la inmigración— y Hungría mantiene desde 2015 el “estado de crisis debido a la inmigración masiva”, aunque no son los únicos casos: cada uno con sus diferencias, Francia, Alemania, Italia, y Reino Unido han cerrado poco a poco las puertas a la población migrante en los últimos años. FRANCIA PALIA LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA A TRAVÉS DE LA INMIGRACIÓN Al otro lado de los Pirineos, la política migratoria apunta en dirección opuesta a la española. Justo dos años antes del anuncio de Montero, Francia aprobó su reforma más significativa sobre esta materia en los últimos tiempos: una nueva ley de inmigración. Este texto, impulsado por el presidente del país, Emmanuel Macron, y apoyado por la extrema derecha de Marine Le Pen, pretende “fortalecer la integración de los ciudadanos extranjeros a través de tres ejes principales: el aprendizaje y el dominio del francés, el respeto de los principios de la República y la integración a través del trabajo”, según la agencia pública Business France, dedicada a promover el intercambio económico entre el país galo y el exterior. La norma incluye también un procedimiento para agilizar hasta el último día de 2026 la regularización de trabajadores en sectores con escasez de mano de obra: a ellos se les exigen tres años de residencia continuada en el país, haber trabajado al menos 12 de los últimos 24 meses en alguna de estas áreas y no tener antecedentes penales. En cambio, quienes no cumplen con estos requisitos deben enfrentar exigencias más duras para regularizarse por la vía excepcional. Un año después de la aprobación de la ley, el entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, emitió una circular que elevó de cinco a siete los años de residencia ininterrumpida en Francia necesarios. Además, en el escrito, de apenas tres páginas, el actual líder de Los Republicanos (que representa a la derecha tradicional del país) incidió en que “la vía de la admisión excepcional a la residencia no es la vía normal de inmigración”, y recordó que este proceso solo puede completarse si el solicitante no representa una “amenaza para el orden público”. A raíz de estas directrices, las regularizaciones excepcionales se redujeron en los primeros nueve meses de 2025 un 42% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y la política migratoria del país no tiene visos de cambio, sino todo lo contrario. El sucesor en el cargo de Retailleau, Laurent Nuñez (de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron), presumió en el Senado francés a finales de enero, casualmente un día después de que se aprobase la regularización en España, de que su país se encuentra entre los que más inmigrantes deportan en caliente del continente. “En Europa somos, junto con Alemania, el país que más devoluciones forzadas realiza a terceros países. Y seguiremos abriendo plazas en centros de detención y aplicando esta política proactiva de devoluciones forzadas”, aseguró el político francés, descendiente de españoles. ALEMANIA PRORROGA DURANTE SEIS MESES LOS CONTROLES FRONTERIZOS Tampoco se espera que la regularización de migrantes española tenga una réplica similar en Alemania a corto plazo. El socialista Olaf Scholz, canciller de 2021 a 2025, evidenció durante su mandato que la cuestión migratoria se encontraba entre su lista de preocupaciones —en octubre de 2023 comenzaron los controles en las fronteras con Polonia, República Checa y Austria, y en septiembre de 2024 se ampliaron a todos los países que lindan con Alemania—, y el nuevo Ejecutivo germano, liderado por el conservador Friedrich Merz, ha subido el tono. En busca de reducir el número de migrantes irregulares en el territorio centroeuropeo, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, anunció en mayo, poco después de asumir el cargo, que el país rechazaría a solicitantes de asilo en las fronteras terrestres germanas, y hace unos días prorrogó por seis meses los controles migratorios en los límites del país. Para quienes consiguen cruzar el perímetro de Alemania, la denegación del asilo es, paradójicamente, una vía común para lograr la residencia legal en último término. El territorio más poblado de la Unión Europea dispone de una figura jurídica, la 'Duldung' (su traducción literal es ‘tolerancia’), que consiste en una suspensión temporal de la expulsión para aquellas personas cuyo asilo ha sido rechazado o no pueden ser deportadas a sus países de origen por razones prácticas o legales; por ejemplo, si este no acepta su recepción o si la persona en condición irregular padece una enfermedad grave. Este permiso, que dispone de vías para cursar estudios superiores o acceder a un empleo, se puede extender indefinidamente y se revisa de manera habitual cada seis meses. Según el Registro Central de Extranjeros alemán, un total de 178.512 personas residían en Alemania a finales de 2024 con el permiso de estancia tolerada. Muchas de ellas pudieron solicitar entre principios de 2023 y el último día de 2025 su acceso a un permiso con mayores posibilidades, aunque más limitado que la residencia de larga duración. El 'Chancen-Aufenthaltsrecht' (‘permiso de residencia de oportunidad’), con una duración máxima de 18 meses, permite mejorar sus condiciones de vida a aquellas personas que acreditasen en el plazo previsto su residencia en Alemania desde antes de noviembre de 2017, presentasen un historial penal limpio y se comprometiesen con el orden democrático del país. Aunque lograr la residencia de oportunidad no evita un posible paso atrás hacia la estancia tolerada: en septiembre de 2024, según un informe de la Oficina de Migración y Refugiados, un 2,5% de las personas con el 'Chancen-Aufenthaltsrecht' habían recibido una nueva 'Duldung'. Además, un 0,2% habían abandonado Alemania, cerca del 15% tenían otro tipo de permiso de residencia y un 83% permanecían en valoración. ITALIA QUIERE REACTIVAR LAS DEPORTACIONES A CENTROS EN EL EXTRANJERO Las diferencias con España también son palpables a orillas del Mediterráneo. Uno de los motivos que más han hecho saltar a la palestra internacional a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, desde que asumió el cargo en 2022, y especialmente este mes, es su gestión de la inmigración. Después de que construyese dos centros de detención en Albania para migrantes en situación irregular —tanto los ya presentes en Italia como los rescatados en el mar— y de que la justicia italiana tumbase al menos tres envíos de estas personas al país balcánico, Meloni (líder también del partido ultraderechista Hermanos de Italia) anunció hace dos semanas su intención de reactivar las deportaciones. Lo hará a través de un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Parlamento italiano y que también contempla un bloqueo naval para impedir en casos excepcionales el acceso al país a embarcaciones con personas migrantes, así como un endurecimiento de los requisitos para recibir la protección especial por razones humanitarias (se pedirá demostrar un mínimo de cinco años de residencia regular y conocimiento del italiano, además de la capacidad económica y la disponibilidad de una vivienda). En este contexto político, por tanto, es improbable que Roma apruebe una medida similar a la española, aunque esta no es una propuesta desconocida para el país transalpino: en su último proceso de este tipo, en 2020, recibió más de 200.000 solicitudes de regularización. En la actualidad, el asilo es una de las vías principales que garantiza “el derecho a no ser repatriado y a permanecer en Italia”, y pueden solicitarlo personas refugiadas o beneficiarias de protección subsidiaria, dos estatus con mayores garantías que la protección especial. Según Eurostat, Italia recibió en 2024 casi 160.000 solicitudes de asilo. Aunque no es el único permiso que contempla el país para no caer en situación irregular. La legislación italiana también permite acceder a un permiso de residencia por cohesión familiar a quienes se encuentran en situación irregular. En este caso, es necesario acreditar la presencia regular en Italia de cónyuges, padres, hijos o familiares convivientes, y entre los requisitos se incluye una conexión familiar documentada, la existencia de un alojamiento y la posesión de ingresos suficientes. EL REINO UNIDO ENDURECE LAS CONDICIONES DE SU POLÍTICA DE ASILO El asilo es también una vía prevista en la legislación del Reino Unido para lograr una regularización en el país, aunque el acceso a este estatus se ha restringido en los últimos años. La Ley de Migración Ilegal, aprobada bajo el mandato del conservador Rishi Sunak en 2023, declara inelegibles para solicitar esta condición a aquellas personas que acceden al país de manera irregular. “No podrán permanecer aquí y, en su lugar, serán detenidas y posteriormente expulsadas, ya sea a su país de origen o a un tercer país seguro”, establece el Gobierno de este territorio insular, que formalizó hace seis años su salida de la Unión Europea para, entre otros motivos, ejercer un mayor control de los flujos migratorios de entrada en el país. Los ciudadanos de la UE, las personas que hayan viajado al Reino Unido a través de un tercer país seguro o quienes tengan una conexión con un tercer país seguro donde podrían pedir asilo tampoco pueden acceder al asilo, que queda reservado para personas refugiadas que no puedan regresar por motivos de seguridad a su país de origen y para sus parejas o hijos menores de 18 años. Aunque el Ejecutivo del Reino Unido, liderado desde julio de 2024 por el laborista Keir Starmer, fue un paso más allá hace tres meses, cuando acometió una profunda reforma en su política de asilo. “Necesitamos restaurar el orden y el control”, justificó ante el Parlamento británico la ministra del Interior, Shabana Mahmood. Esta remodelación modifica la protección otorgada a los refugiados, que pasa de permanente a temporal —es decir, si sus países de origen vuelven a ser seguros, deberán retornar a ellos—, y aumenta de cinco a veinte años el tiempo que deben esperar estas personas para solicitar la residencia permanente. Este estatus es el denominado 'indefinite leave to remain' (‘permiso de residencia indefinido’), que permite trabajar, estudiar, usar los servicios públicos, recibir fondos públicos y optar a la ciudadanía británica. La residencia permanente se puede obtener, además de mediante la condición de refugiado, de tres maneras distintas: a través de la protección humanitaria, que se concede a aquellas personas que no cumplen las condiciones estipuladas por la ONU para ser refugiadas pero cuya vida correría peligro en su país de origen; vía el 'discretionary leave to remain' (‘permiso de residencia discrecional’), que por norma general se prorroga cada treinta meses; y con el 'section 67 leave' (‘permiso del artículo 67’), concedido a niños refugiados no acompañados procedentes de otros países europeos.

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España, una ‘rara avis’ en Europa

La regularización “masiva” de migrantes aprobada por el Gobierno en enero ahonda una política que contrasta con la de los principales países del continente, donde la tendencia apunta a fortalecer los requisitos de acceso a los permisos de residencia

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