En 170 páginas, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó el viernes un fuerte varapalo a la Administración Trump y, en especial, a su política comercial, que quedó anulada minutos después de las cuatro de la tarde (hora peninsular) . El Tribunal Supremo -de mayoría conservadora y que en los últimos meses había actuado como salvavidas del presidente en distintas cuestiones- invalidó por seis votos a tres la mayoría de los aranceles del llamado 'Día de la Liberación'. La decisión supone un golpe a la estrategia económica de la Casa Blanca, ya que el Gobierno podría enfrentarse, según estimaciones de economistas, a devoluciones cercanas a los 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares).

Aunque la sentencia no se pronuncia sobre esas devoluciones -que Trump calificó de "insensatas" en una rueda de prensa en la que arremetió contra los magistrados-, numerosas compañías ya preparan reclamaciones que deberán resolverse en tribunales ordinarios. Desde agosto, cuando entraron en vigor estas tarifas globales, el Ejecutivo ha recaudado cerca del 0,75% del PIB estadounidense. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cifra los ingresos generados por las medidas amparadas en la IEEPA, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), -ahora anuladas- en algo más de 113.000 millones de euros.

Más allá de la cuantía exacta, las empresas afectadas -desde minoristas como Costco hasta grupos industriales como Alcoa- anticipan litigios que podrían prolongarse durante años. Muchas absorbieron parte del impacto arancelario en lugar de trasladarlo íntegramente a los consumidores, lo que refuerza ahora sus reclamaciones.

La anulación de los mal llamados "aranceles recíprocos" añade además presión sobre la deuda estadounidense. Si el Tesoro debe devolver la recaudación declarada improcedente, podría verse obligado a elevar emisiones en un contexto ya tensionado.

UN AGUJERO EN LA RECAUDACIÓN

La sentencia desmonta uno de los pilares del discurso económico de Trump, que defendía que los aranceles permitirían reducir la deuda federal, financiar cheques de reembolso e incluso sustituir parte del impuesto sobre la renta. Estas tarifas representaron el 67% del total recaudado hasta el cierre del año fiscal en septiembre. Desde entonces y hasta mediados de diciembre, cinco de cada diez dólares ingresados por aranceles procedían de las tasas ahora declaradas ilegales. El Laboratorio de Presupuesto de Yale eleva la cifra hasta 120.500 millones de euros en 2025, cerca del 80% de todos los nuevos ingresos arancelarios del ejercicio.

El nuevo escenario, advierten economistas estadounidenses, introduce "más incertidumbre". El equipo de Trump ya ha anunciado gravámenes globales del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite mantenerlos hasta 150 días sin aval del Congreso.

El impacto trasciende Washington. China, que estaba sujeta a un arancel del 34%, pasa al gravamen general del 10%. México y Canadá -socios en el TMEC- habían sido gravados con tasas del 25% y del 35% y celebraron el alivio parcial, aunque los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio, cobre y automóviles permanecen intactos.

La Unión Europea también se verá directamente afectada. Aunque Bruselas aún renegociaba los detalles del acuerdo alcanzado el pasado verano entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump -que rebajaba los aranceles del 25% al 15%-, el fallo del Supremo reduce ahora ese gravamen al 10%. Para los países europeos, entre ellos España, supone en la práctica una reducción del 50% respecto a las tasas vigentes hasta ahora. No obstante, los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio y automóviles se mantienen en el 25%, al no formar parte del bloque anulado.

El equilibrio comercial entre ambas potencias sigue siendo delicado. En 2025, la Unión Europea fue el principal origen del déficit comercial de bienes de Estados Unidos, con un desfase de 218.750 millones de dólares, por delante incluso de China y México, aunque un 7,3% inferior al registrado antes de la entrada en vigor de los aranceles en 2024. El fallo introduce así un alivio parcial en una relación marcada por tensiones comerciales y compromisos de inversión aún pendientes de concreción.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señalan que siguen "de manera estrecha" la evolución del fallo y mantienen coordinación permanente con la Comisión Europea para evaluar sus implicaciones jurídicas y comerciales. Fuentes del departamento subrayan que las empresas necesitan estabilidad y previsibilidad y defienden un marco comercial basado en reglas y reducción de barreras.

El Ejecutivo recuerda además que España dispone del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial para apoyar a las compañías afectadas por los aranceles estadounidenses y reafirma su apuesta por que la Unión Europea refuerce y diversifique su red de acuerdos con socios estratégicos, al tiempo que profundiza en la integración del mercado único.

Otras economías relevantes -como India, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Japón o Corea del Sur- también mejoran su posición relativa bajo el nuevo esquema, mientras en otras capitales el arancel del 10% se mantiene provisionalmente durante 150 días.

LAS OTRAS VÍAS DE TRUMP

Tras el revés judicial, la Casa Blanca explora herramientas legales alternativas para reconstruir su arquitectura arancelaria. En primer lugar puede acogerse a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite restringir importaciones por motivos de seguridad nacional. Ha sido la base de los aranceles al acero y aluminio desde 2018 y exige una investigación del Departamento de Comercio que puede prolongarse hasta 270 días.

Por otro lado, también está disponible la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza represalias frente a prácticas comerciales "injustificables" de países concretos, previa investigación del Representante Comercial (USTR). Fue utilizada contra China por cuestiones de propiedad intelectual y tiene un límite inicial de cuatro años prorrogable. Por su parte, la Sección 201 permite imponer aranceles sectoriales si se demuestra "daño grave" a una industria nacional tras la intervención de la Comisión de Comercio Internacional. Y la Sección 338, heredera de la ley Smoot-Hawley de 1930, habilitaría aranceles de hasta el 50% en casos de discriminación comercial, aunque nunca ha sido utilizada.

Todas comparten una misma limitación: requieren investigaciones formales, plazos administrativos y justificaciones técnicas que impiden reinstaurar de forma inmediata un esquema arancelario masivo como el invalidado por el Supremo. La Corte ha acotado la capacidad presidencial para imponer barreras generalizadas por decreto y obliga ahora a la Administración Trump a transitar por un terreno más lento y jurídicamente exigente si quiere reconstruir su muro comercial.