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Perú

La Fiscalía de Perú pide prisión cautelar para Fujimori en plena batalla por la presidencia

La candidata derechista es acusada de violar restricciones judiciales del 'caso Odebrecht', que investiga si esta constructora brasileña financió sus campañas de 2011 y 2016

Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori, en una comparecencia de prensa este jueves.
Reuters
  • Anje Ribera / Colpisa
Actualizada 11/06/2021 a las 06:00

La ventaja con la que cuenta el candidato izquierdista Pedro Castillo en la carrera presidencial de Perú ya no es el mayor de los problemas de Keiko Fujimori, que aspiraba a ocupar la dirección del país andino como hizo su padre, Alberto Fujimori (1990-2000). La líder derechista, perseguida por la Justicia por su presunta relación con la corrupción que asoló a muchos países latinoamericanos por las actividades ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, despertó ayer con una petición de la Fiscalía para que ingresara en prisión de forma preventiva por haber incumplido varias resoluciones judiciales.

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato que investiga la trama, argumenta al juez Víctor Zúñiga Urday que Fujimori ha vulnerado las restricciones jurídicas que se le impusieron para evitar que se comunicara con testigos vinculados al presunto delito de blanqueo de capitales que se le imputa por aportaciones ilícitas de Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016. En concreto, Pérez se refiere al abogado Miguel Torres, que por su condición de declarante en el caso no podría tener relación con Fujimori pero actúa como portavoz político del partido Fuerza Popular liderado por la candidata.

Es más, ambos estuvieron en la misma mesa durante la conferencia de prensa en la que en la noche del miércoles Fujimori pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, por presuntas irregularidades y "fraudes" como firmas que no concuerdan, resultados "estadísticamente" inverosímiles o relaciones familiares entre los miembros de las mesas durante los comicios presidenciales del pasado domingo.

Acusaciones de fraude Fujimori, que se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel, paradójicamente se había aferrado horas antes de la actuación del fiscal a la justicia electoral para tratar de anular gran parte de los votos en regiones que abrumadoramente apoyan a su rival, el maestro y sindicalista Pedro Castillo, quien cuando apenas falta por escrutar el 1% cuenta con una ventaja de más de 73.000 en la carrera hacia la presidencia, según los datos hechos públicos por el Jurado Nacional de Elecciones.

El órgano electoral (ONPE) niega la posibilidad de fraudes, lo mismo que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso de normal y transparente.

La solicitudes de revisión de las actas podrían decidirse en un plazo cercano a diez días, por lo que la contienda presidencial sigue abierta mientras la Bolsa limeña no deja de caer desde el lunes y el dólar alcanza ya precios récord de 3,9 soles.

Además, tanto la intervención de la Fiscalía como las denuncias de irregularidades de Fujimori elevan la tensión dentro de un clima de incertidumbre total en un país sumido en convulsiones políticas en los últimos cinco años que llevaron a tener hasta tres presidentes en cinco días en noviembre pasado.

 

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