Cinco muertos en las protestas en Ecuador

El Defensor del Pueblo informó este jueves de las primeras víctimas mortales; el Gobierno responde que se trata de simples "rumores"

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Olatz Hernández / Colpisa

Actualizado el 11/10/2019 a las 06:00

Mientras el presidente Lenín Moreno se congratulaba el miércoles de "grandes avances" en el diálogo con los indígenas, las calles de Ecuador ardían. La semana de protestas ha dejado al menos cinco muertos, según confirmó este jueves el Defensor del Pueblo. Al parecer se trataría de cinco civiles, entre los que se incluye a un dirigente indígena. "La primera víctima es un hombre que falleció al ser atropellado el domingo en la provincia de Azuay (en el sur del país). Las otras cuatro personas murieron en Quito", detalló una fuente de ese organismo de protección de derechos humanos. Por su parte, el Gobierno tachó las informaciones sobre fallecidos de simples "rumores" sin fundamento.

Ante este dramático balance de las revueltas, que desde que estallaron el día 2 han dejado también cientos de detenidos y heridos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) hizo un llamamiento a "radicalizar acciones" en Ecuador y negó cualquier negociación con el Ejecutivo. "Nada de diálogo con un Gobierno asesino", comunicó la organización indígena.

Como parte de esa estrategia más agresiva, una facción de los manifestantes indicó ayer que tiene retenidos desde el jueves a ocho policías y advirtió de que aplicará sobre ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden atacan su sede, situada en la Casa de Cultura Ecuatoriana. El presidente de Conaie, Jaime Vargas, quitaba después hierro a estas declaraciones: "Van a cargar los ataúdes de los muertitos y vamos a hacer unas caminatas, y después se irán a la casa y vamos a entregarlos así de sanitos (sic)", añadió, a la vez que llamaba "traidores" a los líderes indígenas que están negociando con el Ejecutivo. "Nosotros venimos en son de paz, pero el Gobierno nos ha maltratado cruelmente", afimaron los allí reunidos. La versión del Gobierno es bien distinta. "Nosotros no tenemos ningún reporte de muertos del miércoles", hizo hincapié el ministro de Exteriores, José Valencia, en una entrevista concedida a Europa Press. En lo que respecta al balance de heridos, declaró que entre ellos hay "88 policías", y calificó las protestas de "extremadamente violentas".

 

LA 'MANO NEGRA' DE VENEZUELA

El origen de los altercados se sitúa en la reforma económica anunciada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el día 1, fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir una inyección de 3.800 millones de euros para el país. Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos. El recrudecimiento de la violencia -con lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad y de cócteles molotov de los manifestantes- llevó a Moreno a declarar el estado de excepción y a trasladar a su gabinete a Guayaquil.

Sin embargo, su Gobierno daba este jueves por "desactivado" el intento de "golpe de Estado", mientras la capital volvía a la "normalidad" tras restablecerse la circulación de vehículos y la reapertura de los comercios. "Afortunadamente, la situación en Quito ahora mismo es calmada. La vida diaria ha retornado a la normalidad", celebraba el ministro Valencia. La acción de la "Fuerza pública para contener a los manifestantes violentos" y "el inicio de las mesas de diálogo entre Gobierno y organizaciones sindicales e indígenas" propició, según sus palabras, la vuelta a la calma en Quito, epicentro de las protestas. Con todo, el Ejecutivo se mantiene "alerta" porque "quienes están detrás de esto (...) van a seguir perseverando". El equipo de Moreno considera que tras las manifestaciones había una clara maniobra política para desestabilizar el país, que atribuyeron al expresidente Rafael Correa y sus aliados, entre los que se encontraría Nicolás Maduro.

En la mesa de diálogo con los indígenas hubo "entendimiento", aunque Moreno aclaró que mantendría su decisión de eliminar las subvenciones al combustible. Con el objetivo de "amortiguar el efecto del alza de los transportes en los sectores más vulnerables", el Gobierno hizo una contrapropuesta que se basa en el desarrollo de las comunidades rurales.

 

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