El abogado del Estado británico, Geoffrey Cox, aseguró este miércoles que el Gobierno conservador actuó "de buena fe" al decretar la suspensión del Parlamento en vísperas del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE), previsto para el 31 de octubre.

La Cámara de los Comunes reanudó este miércoles su actividad después del dictamen emitido el martes por el Tribunal Supremo, que consideró "ilegal" y "nula" la suspensión ordenada en agosto por el primer ministro, Boris Johnson.

El presidente de la cámara baja, John Bercow, señaló que, para reflejar el fallo judicial, en el boletín parlamentario constará que las sesiones fueron "aplazadas" desde el 10 septiembre hasta hoy y no suspendidas.

Al inicio de la sesión de este miércoles, compareció Geoffrey Cox que, ante las peticiones de los diputados, indicó que "sopesará" hacer público el asesoramiento legal que dio a Johnson antes de que este pidiera a la reina Isabel II que sancionara la suspensión.

El abogado del Estado mantuvo que el Ejecutivo "respeta" el dictamen del Supremo -la máxima instancia judicial del Reino Unido-, aunque el primer ministro insiste en que "no está de acuerdo".

Señaló que el asunto de si era apropiada una suspensión de cinco semanas (hasta el 14 de octubre) en un momento crítico para el país era "complicado", pero subrayó que ahora "en términos legales, está resuelto".

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, así como otros partidos de la oposición, han pedido la dimisión de Boris Johnson y la celebración de elecciones anticipadas tan pronto como quede descartada de facto una salida sin acuerdo con Bruselas.

Corbyn también ha pedido a Johnson que se disculpe ante los británicos y ante la soberana, por solicitarle -cumpliendo con el protocolo-, su sanción para una cuestión que se ha demostrado que era ilegal.