La pretensión de que el coste de adquisición o alquiler de la vivienda no supere un tercio de la retribución del trabajador, como se escucha últimamente, es una quimera si no se abordan las causas estructurales del problema.

Entre ellas destacan la insuficiente legislación sobre el suelo, el abuso de las competencias municipales, los escasos avances en las técnicas de construcción para reducir costes, una Ley de Arrendamientos Urbanos que no siempre prioriza las necesidades de los inquilinos y la aparición de fondos de inversión especulativos tras la crisis inmobiliaria. A ello se suman medidas gubernamentales, como la congelación temporal de las actualizaciones de los alquileres y la protección frente a los desahucios en casos de extrema necesidad, que no resuelven el problema de fondo.

Hemos llegado a una situación de déficit de vivienda de tal magnitud que los recursos presupuestarios del Estado y de las comunidades autónomas pueden resultar insuficientes. El dinero existe, pero hay que saber movilizarlo. El ahorro popular podría contribuir a financiar la solución. Una vía sería emitir títulos de deuda pública, mejor remunerados y exentos de impuestos, a través de un banco hipotecario de ámbito nacional, con la colaboración del Estado y de la banca privada. También podrían participar los municipios con capacidad para emitir deuda. Los intereses generados durante las distintas fases de los proyectos, desde su diseño hasta la entrega de las viviendas, deberían contemplarse como parte de la financiación inicial necesaria para poner en marcha esta iniciativa.