Hay noticias que lees y sigues con tu día, y hay otras que te dejan pensando. El caso de Maricarmen es una de ellas. Una mujer de 87 años, que llevaba 71 años viviendo en la misma casa, ha sido desahuciada. Setenta y un años. Toda una vida en su hogar.

No quiero entrar a valorar las leyes ni las decisiones judiciales. Pero sí me pregunto cómo puede ser que, después de tantos años viviendo allí, no se haya encontrado ninguna solución para que esta mujer pudiera seguir en su casa. Mari Carmen quería seguir pagando lo que llevaba pagando. No estaba pidiendo que le regalaran la vivienda. Y, además, hubo una persona dispuesta a pagar la diferencia del alquiler para que pudiera quedarse. Aun así, no ha sido posible.

Y aquí es donde me surge la indignación. Porque los ciudadanos vemos cómo, en otros casos de ocupación de viviendas, recuperar una propiedad puede convertirse en un proceso largo y complicado. Y, sin embargo, una mujer de 87 años, que lleva 71 años en su casa y que quiere seguir pagando, acaba siendo quien tiene que salir de ella.

No digo que sean situaciones iguales, porque evidentemente no lo son. Pero sí creo que tenemos derecho a preguntarnos qué está fallando.

¿De verdad no había ninguna fórmula legal, ninguna ayuda, ningún acuerdo posible para evitar que esta mujer terminara fuera de su casa después de 71 años?

Quizá todo sea perfectamente legal. Pero que algo sea legal no significa que no podamos preguntarnos si también es justo, humano o si había otra manera de hacerlo. Porque detrás de los contratos, las sentencias y los procedimientos hay personas. Y en este caso hay una mujer de 87 años que acaba de perder el que ha sido su hogar durante prácticamente toda su vida. ¿De verdad no había otra solución para Maricarmen?