Resulta indignante leer en este medio el calvario del octogenario de la comarca de Pamplona cuya vivienda ha sido okupada. Por si fuera poco el asalto a su propiedad y el cambio de cerradura, los infractores se lucran ahora ilícitamente realquilando sus habitaciones. Este caso no es un hecho aislado; es un ataque directo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica de quienes han ahorrado toda su vida.

Lamentablemente, asistimos a una preocupante permisividad política. Bajo el pretexto del derecho a la vivienda, ciertos sectores justifican de facto estas conductas delictivas, confundiendo la vulnerabilidad social con la pura delincuencia. Hemos transitado de la libertad al libertinaje, amparado por leyes fallidas que debilitan los valores de nuestra sociedad y desprotegen al ciudadano que cumple con sus deberes fiscales.

Cuando las normas amparan más al infractor que al propietario que se esfuerza por asegurar el futuro de su familia, el sistema fracasa. Es urgente que los responsables políticos reaccionen: legislar para defender al ciudadano trabajador y aplicar la ley con firmeza frente al jeta y al delincuente es la única vía para construir una comunidad justa.