Desde hace semanas recibo más de diez llamadas diarias desde distintos números de teléfono. Todas sabiendo mis datos personales. En todas ellas aseguran llamar en nombre de mi comercializadora energética o de una empresa que “trabaja para ella”. Sin embargo, cuando les indico que no he solicitado ninguna gestión ni deseo cambiar de compañía, la conversación cambia de tono: se muestran bordes, insisten con malas formas e incluso llegan a colgar abruptamente. Lo más frustrante es que estoy inscrito en la Lista Robinson, precisamente para evitar este tipo de prácticas comerciales. En teoría, esta herramienta debería proteger a los ciudadanos frente a comunicaciones publicitarias no deseadas. En la práctica, al menos en mi caso, no está sirviendo para nada. Las llamadas se repiten a diario, desde números diferentes que obligan a bloquear uno tras otro sin resultado efectivo. Esta situación invade la privacidad, genera desconfianza y convierte el teléfono en una fuente constante de molestias. No deberíamos normalizar este tipo de acoso comercial. Es necesario que se garantice el cumplimiento real de las medidas de protección existentes y que se actúe con mayor firmeza frente a estas prácticas. Porque cuando la ley no se hace cumplir, los derechos del ciudadano se convierten en papel mojado.