En la España que dibuja el actual Gobierno, opinar no es un derecho universal, sino un privilegio cuidadosamente administrado. Hay voces autorizadas y voces incómodas. Y entre estas últimas, de forma reiterada, se señala a la Iglesia, a la que se le exige silencio, discreción y retiro. A la sacristía, en definitiva.

Resulta paradójico que quienes se presentan como adalides del pluralismo pretendan expulsar del debate público a una institución que representa a millones de ciudadanos. Quizá no a los que votan al poder ni a los ideológicamente afines, pero ciudadanos, al fin y al cabo, con los mismos derechos que cualquier otro.

El contraste es evidente: pueden opinar asociaciones LGTBI, organizaciones feministas o cualquier colectivo que se autoproclame defensor de lo público, y sus discursos son acogidos como verdades morales incuestionables. Todo ello es legítimo. Lo que deja de serlo es que, cuando la Iglesia expresa una opinión, se le niegue ese mismo espacio en nombre de una supuesta modernidad que funciona más como coartada que como principio. No estamos ante una defensa sincera de la laicidad del Estado, sino ante una práctica de exclusión ideológica. Se tolera la palabra solo cuando coincide con el relato oficial; cuando no, se desacredita, se caricaturiza y se intenta silenciar. Y si la discrepancia procede de una institución religiosa, la censura es aún más explícita. El mensaje final es inquietante: hay opiniones permitidas y opiniones prohibidas; ciudadanos con voz y ciudadanos a los que se puede arrinconar. Esto no va de religión. Va de poder. Y cuando un gobierno decide quién puede hablar y quién debe callar, deja de gobernar para todos y empieza a imponer. En ese punto, el problema ya no es la Iglesia. El problema es el propio gobierno.