Un año, ya, del último episodio infame de muerte y destrucción en España. En la Comunidad Valenciana de modo impactante por su número de fallecidos (229), sin olvidar otros puntos geográficos (7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, al margen de otras zonas sin fallecidos, pero duramente afectadas también). Y ahí estamos, viendo una degeneración humana, de modo continuo, en elucubraciones de todo tipo con una falta de responsabilidades (y caras de hormigón armado), mientras las personas afectadas (todas ellas, de un modo u otro) irán viendo pasar ese tiempo que corroe las sensibilidades propias de modo inexorable, sintiendo la potente rabia que crea la impotencia.

Ese tiempo pasado, y presente (y, creo que, desgraciadamente, futuro), donde siguen viendo que no se dilucidan responsabilidades nítidas de muchas personas, de distinta índole, echándose las culpas unas a otras, y teniendo que escuchar demasiadas excusas impresentables. Un tiempo donde las promesas de primera instancia se han ido diluyendo en la vergüenza de la ayuda de las administraciones, conjugada con la social, y la falta de empatía. Donde todavía un número muy importante de vecinos ven sus accesos normales impedidos (hablan hoy, todavía, de 750 ascensores sin arreglar) con todo lo que ello significa (prueben a estar solo unos días sin usarlos en sus edificios, e imagínense, además, si tienen, ustedes o cualesquiera de sus allegados, cualquier problema físico o edad avanzada).

Pero veamos la realidad de lo que, tragedia a tragedia, venimos contemplando históricamente, como es, tras las “sentidas” palabras y “clamorosas” promesas, la abominable ralentización de las administraciones, que llevan a la ciudadanía afectada a la desesperación, sabiendo que el tiempo juega en su contra, pues abona el olvido de los medios de información y, en consecuencia, de la masa social.

Y ese olvido es precursor del aumento de su desgracia. No voy a entrar en cómo se sustanció la tragedia, por reiterada, pero me duele oír cómo se pone el punto en la presencia de urbanizaciones en las zonas inundables, como si sus vecinos hubiesen construido por su cuenta sin el beneplácito de las correspondientes administraciones locales.

Administraciones que no solo lo permitieron (con los correspondientes beneficios también para ellas mismas en cuanto a recaudación), sino que tenían en su mano los conocimientos necesarios para saber lo que hacían, bien por hechos padecidos previamente, o bien por los datos que, obviamente, debieran manejar las propias confederaciones hidrográficas para poner “blanco sobre negro” los riesgos de modo previo. Con el agravante (¿punible?) de que nadie que accede a la compra de vivienda en esas zonas, es advertido de esa circunstancia de modo previo o, incluso, en las propias escrituras de compraventa. Y cuando resulten afectados se las tienen que ver por su propia cuenta (las reclamaciones al maestro armero).

Pero en lo principal (no solo tras las tragedias, sino para cualesquiera zonas en riesgo) ¿se seguirá, por parte de las administraciones correspondientes, sin haber hecho los estudios concretos y obras necesarias para, al menos, minimizarlas y evitar las desgracias humanas? Permítanme que, al menos en cuanto a resoluciones en tiempo consecuente, sea totalmente escéptico.

Creo que se limitarán a decir que ya estuvieron aportando los datos en tiempo real, y generando las correspondientes alarmas para poner en alerta los protocolos preventivos de las poblaciones. Que, por supuesto, son totalmente necesarios y deben implantarse sin demora allí donde todavía falten, pero sin dejar de trabajar en las soluciones prácticas reales de modo continuo y eficiente (no olvidemos que todo lo que depende de sistemas informáticos para las alertas, puede caer, fallar, o no estar operativo, en el momento más crítico -ley de Murphy-). En definitiva, inversiones necesarias (políticas acordes en tiempo y a tiempo, por políticos trabajando para el bien común) y el imprescindible factor humano profesional y ético. Creo que para eso les pagamos a unos y a otros, ¿no?