¿Cuándo piensa el gobierno, y con él las Comunidades Autónomas y la propia Justicia, solucionar el grave problema de las ocupaciones ilegales, sean en propiedades privadas o públicas, por parte de personas desaprensivas que se amparan en “el dejar hacer” y en la falta de una ley, una normativa eficaz y rápida para el desalojo?

Cuánto daño y sufrimiento causan a quienes lo padecen, especialmente a particulares. El hecho de que precisen de una vivienda o lugar de acogida no les da ningún derecho a hacerse con propiedades ajenas, cualquiera que fuera su titular. Al margen de que no todos los okupas lo hacen por necesidad y, sobre todo, los hay que son delincuentes habituales. Soluciones ya, déjense de tantas provocaciones y egos y trabajen para la sociedad a la que se deben.