Estamos asistiendo al mayor espectáculo en tiempos de democracia acerca de cómo el pilar de la sociedad actual basado en la justicia es atacado con el único fin de encubrir diferentes ilegalidades ligadas a políticas de gobierno. Los daños colaterales de estas maniobras con el grado máximo de la justicia pueden ser identificados en nuevos colegios de abogados, asociaciones juristas, y dependencias administrativas de ámbito legal. Sus motivaciones y recursos pueden verse condicionadas ante esta nueva situación de colador legal y de incomprensión personal y profesional ante tales hechos. Una frase común es que “nadie está por encima de la ley” y debemos de asegurar, como sea, que así se cumpla. Los cuerpos de seguridad como únicos recursos contra estas plagas necesitan independencia y apoyo institucional en la persecución de los indicios más claros de tramas y entramados. Las políticas faltas de responsabilidad civil y penal han desembocado en un nido de personajes que, en otros lugares, no podrían ejercer ni estar. La independencia del poder judicial, su estabilidad, es necesaria no solo para garantizar la hegemonía legal, si no para seguir con un derecho limpio que aliciente y forme a nuevos abogados. Las políticas cambiarán, pero el sistema judicial debe mantenerse pulcro en fondo y forma de manera que se asegure lo más sagrado que tiene el ciudadano, la confianza en la justicia.

Ángel Moracho Jiménez