La reforma de la Ley de Dependencia de 2025 introduce avances necesarios en la atención a las personas en situación de dependencia, garantizando mayor cobertura, eliminación de incompatibilidades y reconocimiento de derechos. Sin embargo, hay un problema estructural que la ley no aborda: la falta de profesionales en el sector.

Los datos demográficos son contundentes. En España el porcentaje de población mayor de 65 años pasará del 20,4% actual a un 25% en 2031 y a un alarmante 34,6% en 2066. La esperanza de vida seguirá aumentando, lo que supone un desafío aún mayor para el sistema de cuidados. Al mismo tiempo, las proyecciones indican más fallecimientos que nacimientos cada año hasta 2074, lo que reducirá la población activa disponible.

El propio Imserso advirtió hace 15 años que se necesitaran más de 500.000 profesionales en el sector, una cifra que el FMI refuerza, equiparando la necesidad de personal en cuidados con el auge de la inteligencia artificial. A pesar de esta realidad, la nueva ley no presenta un plan de choque para la captación y formación de profesionales.

Sin personal suficiente, cualquier avance legislativo quedará en papel mojado. No basta con ampliar derechos si no hay trabajadores para garantizarlos. Se necesitan medidas urgentes, como incentivos para la formación, mejoras en las condiciones laborales y una estrategia nacional para atraer talento al sector.

Si no se abordan esta crisis, el sistema de atención se verá desbordado, dejando en situación de vulnerabilidad a quienes más lo necesitan. La pregunta es clara: ¿Sabemos realmente hacia dónde vamos?