Cuestionar al Poder Judicial para deslegitimar causas fundadas pienso que constituye una irresponsable temeridad. Es, además, un gesto más propio de otras latitudes que de una democracia sólida, celebramos 50 años, y consolidada como la española. El ejercicio de distracción es inverosímil, pero su mero intento menoscaba el debido compromiso del Gobierno con las instituciones. Que la labor de los políticos y de su entorno esté sometida al imperio de la ley, lejos de ser una anomalía, es una excelente noticia para la democracia.

Jesús D. Madrid