Estos días el país observa atentamente los acontecimientos que presagian que, si la reforma de la Ley orgánica 7/2014 sigue su trámite parlamentario, veremos beneficiarse, en los próximos meses, a algunos de los miembros de ETA más duros y con historiales más terribles. No hay duda de que este es un tema de enorme calado social y ético. Y es, ante todo, un tema muy serio, del que no se puede pasar por encima; con prisa.

Me pregunto si esta decisión beneficiará a la sociedad a la que nuestros líderes tienen el deber de servir. ¿Nos ayudará a mejorar? ¿Nos cohesionará o nos polarizará más? Y hablamos de heridas porque, si somos honestos, todavía nos quedan bastantes por curar. Nadie con un mínimo de conocimiento y sinceridad podría afirmar que “desaparecida ETA, finalizado el problema”. Todavía nos falta mucho por mejorar la atención y el cuidado de las Víctimas del terrorismo. Nos quedan pueblos en los que la convivencia es todavía demasiado débil. Las nuevas generaciones siguen sin tener casi ni idea de qué hemos vivido y, “los mayores”, tenemos pendiente narrar con verdad y honestidad lo ocurrido. Y a cada uno de nosotros nos queda por hacer ese duelo individual que nos recuerda la pregunta de “dónde estuviste tú; qué hiciste”. Este paso es imprescindible para poder hacer después ese duelo colectivo pendiente.

Por tanto, ¿es ético y bueno para el país tomar una decisión así sin el debido diálogo? ¿Se puede adoptar sin el apoyo de los partidos que representan a tantos millones de ciudadanos? Sobre todo, ¿nos fortalece?, ¿ayuda a la sanación de esas heridas pendientes?, ¿supone la empatía imprescindible y obligada hacia los que más han sufrido? No podemos hacer más daño a los que fueron dañados sin elegirlo.