Escucho la noticia del gran número de nuevos asesores/as que se van a contratar para apoyar al Gobierno. Que se van a sumar al ya de por sí increíble número existente actualmente, duplicando prácticamente a los de Gobiernos anteriores (de ambos partidos mayoritarios). Y digo increíble, pues al oír el número total entre los ya existentes y nuevos (¿más de 800?) he tenido que rebobinar para volver a escuchar la cifra, pues entendía que podía deberse a un error. Y esto, unido a que no se da información de para qué tipo de trabajo/materia se contratan (tampoco, al menos que yo sepa, lo sabemos de los ya existentes), me hace exponer mi opinión personal.

Cada Ministerio tiene ya sus propias plantillas funcionariales (que permanecen sea cual sea el que gobierna, pues los que “saltan con el cambio” son las designaciones a dedo en los puestos principales copados sin esa premisa de obtención del puesto por oposición, ¿no?) con sus correspondientes - entiendo- expertos/as en la materia para cada caso/función, que se presume logran soslayar la posible “incompetencia de conocimiento” del ministro/a del ramo y sus allegados/as directos de confianza (en ambos casos, no me cabe duda que habrá quienes estén bien dotados por su currículum y bagaje profesional, y otros/as, también sin duda, estarán nombrados/as por el artículo 33 de afinidad ideológica exclusiva, pago de favores o asignación por apoyo a investiduras -que, en este caso, también puede que alguno/alguna cumpla con el bagaje profesional, y responsabilidad, para el puesto ministerial ocupado-).

Entonces, me pregunto, ¿para qué hacen falta tantos asesores/as, con sus más que elevados costes? Si realmente hacen falta en esa cantidad, ¿será porque el trabajo de esas plantillas fijas funcionariales no es el debido? En ese caso, se tendría que actuar para ver qué es lo que pasa, no sea que se carguen las tintas sobre ellas y resulte que se vean totalmente condicionadas por los puestos de jefaturas asignados a dedo. A mi modo de ver, lo que se traslada a la opinión pública con tanta contratación de asesores/as, sin definir las causas/necesidades, es pernicioso para esas plantillas funcionariales por su posible descrédito ante la población (por supuesto, habrá personal que pueda no “tener un pase”, como en todos sitios, pero el resto -mayoría, doy por hecho- logran que, sea cual sea el Gobierno, siga la maquinaria en marcha sin griparse). Si realmente hacen falta como apoyo a los estamentos funcionariales, ¿no sobran políticos/as en Congreso y Senado, así como en todos los Gobiernos Autonómicos? Una buena parte de ellos/as se las verían “canutas” para justificar, al menos, una pequeña parte de sus sueldos. Prescindiendo de esos sueldos (y sus anexos), se podría compensar la balanza de gasto por el coste de asesores/as. Si realmente no hacen falta (al menos en números tan sumamente elevados), lo que subyace es que pueden contratarse por pura afinidad ideológica (o el estar para lo que me digan) para conseguir las mimbres que tejan cada cesta de las cosas que, unilateralmente, cada Gobierno concreto quiera justificar para sacarlas adelante. Y la única afinidad ideológica que debiera existir es la del beneficio del País, oponiéndose a cualquier “mandamiento” que pueda afectarlo. Qué ingenuidad, ¿verdad?

En definitiva, estamos en el “barra libre” de gasto, pues ya está sufragado por toda la población y no sale directamente del bolsillo de los políticos de turno (“con la iglesia hemos dado, Sancho”).