Aunque habrá muchas personas que se sentirán identificadas, voy a proponer un ejercicio de imaginación para todas aquellas que quieran planteárselo.

Imaginemos una persona que, por motivos que pueden ser varios, decide dejar su puesto de trabajo en base a poder atender a la crianza de hijos, cuidado de padres, suegros u otros familiares. Obviamente ya habrán adivinado que, principalmente, estoy hablando de mujeres (lógicamente también se podrá dar la circunstancia en hombres, pero en grado sumamente inferior, lo que me lleva a copiar la frase “la excepción confirma la regla”). Trabajo, normalmente poco valorado (no creo que haya nadie que me pueda rebatir esta apreciación) que redunda directamente en el bienestar general social: los descendientes no solo son futuros cotizantes para el mantenimiento de ese bienestar social, si no personas que tienen que crear posibilidad de futuro (y más nos vale que lo asuman a través del ejemplo que les demos… que de eso habría mucho que hablar) y, por supuesto -al menos para mi- embarcarse en el cuidado de ascendientes y otros familiares es “para quitarse el sombrero”.

Imaginemos que esa persona, en base a su trabajo, por cuenta ajena o como autónoma, ha estado cotizando durante muchos años, y que los años que dedica al nuevo trabajo comentado resulta que, por variadas razones que pueden darse -y se dan- no puede cotizarse. Y que, cuando pudiese optar a volver al mercado laboral, se encuentra integrada en una edad para la que resulta muy comprometida la opción. Imaginemos que esa persona llega a la supuesta edad de jubilación que marca el Estado y, a pesar de tener un amplio bagaje de años cotizados (muy superior a los 15 que parece se exigen de modo previo a ese momento) le indican que no tiene derecho a ninguna percepción económica, al no haber cotizado, además, y como mínimo, durante los dos años previos a esa edad.

Imaginemos (no hace falta mucha imaginación) que observa numerosos ejemplos de personas cobrando contraprestaciones sin haber cotizado, ni de lejos, tantos años como ella, por el simple hecho de haber cumplido con esos requisitos. Y no quiero entrar en ponerles a imaginar otros escenarios más comprometidos. Y resulta que esa persona sabe que vive en el “país de los subsidios” donde se conoce la concesión de todo tipo de ayudas que parecen controlarse poco, dándose situaciones poco recomendables para evitar confrontaciones sociales o crear un caldo de cultivo nocivo para el futuro. País que saca pecho de crear una sociedad igualitaria, pero que le genera su propia desigualdad que le resulta (también a mí) difícil de entender.

Pero son las leyes y hay que asumirlas, ¿no? También puede ser asumible que quienes corresponda, se paren a pensar (aunque lo dudo) si es justo que haya personas que con muchos más años cotizados de los exigidos no tengan ningún derecho, y sí lo tengan quienes hayan cotizado mucho menos.