Si leyeron mi carta al director (El oscuro concepto de unidad familiar) que publicó este periódico el pasado 17 de diciembre, estarán al corriente de mi caso: el Servicio de Vivienda deniega a una mujer soltera con hija a su cargo una VPO, al aplicar erróneamente el concepto de “unidad familiar”.

Tras la entrega de la documentación prevista, el Servicio de Vivienda actuó de forma inmediata: En dos mañanas (30 de noviembre y 1 de diciembre, jueves y viernes respectivamente) previas al “tren” de festivos que se avecinaba, le tenía que hacer llegar un documento más. Y se fue de puente. A esperar. Y seguí esperando hasta el 11 de diciembre, fecha en la que presenté alegaciones que podrían tener en cuenta antes de resolver. Pero ya habían firmado la Resolución con fecha de 6 de diciembre. Admirable su capacidad resolutiva.

Denegada la vivienda, me quedaba el Recurso de alzada. Un mes tenía para presentarlo y lo hice rápidamente, el 14 de diciembre. Otra vez a esperar. Se echaron las Navidades encima y he seguido esperando hasta hoy. Ha pasado un mes.

La Administración, que cuenta con una Secretaría Técnica, dispone de tres meses para contestar. ¿No les chirría que un ciudadano cualquiera cuente con un mes y la Administración, con abogados en plantilla y con dominio de los procedimientos administrativos, cuente con tres meses? Y mientras sigo esperando, al desgaste emocional se une un perjuicio más: tengo bloqueado el acceso a vivienda protegida en Nasuvinsa. No podré apuntarme a las promociones que vayan saliendo, porque figuro como adjudicataria provisional de una VPO.

Puede ser que mi expediente esté pasando de la mesa del Negociado de Financiación de Viviendas a la mesa de la Secretaría General Técnica y viceversa, en un intento de “vestir al santo”; pero quiero creer que necesitan tiempo para analizar mi caso, aunque confío en que no necesiten los tres meses. Ya ha pasado uno, quedan dos más con sus días y, sobre todo, con sus noches.