El Gobierno en funciones presenta una: “Proposición de ley orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español”. Como si Cataluña y el Estado Español fueran dos entes diferentes, para dar la impresión de que Cataluña no perteneciera al Estado Español, entrando en el juego de la “gramática política” utilizada por el Gobierno de la Generalidad Catalana, entre Cataluña y el Estado Español; también gramática utilizada por los nacionalistas vascos, cuando utilizan los términos de País Vasco y Estado Español, tratando de marcar diferencias entre los dos términos, sin que en realidad exista diferencia alguna, si quiera, se puede aceptar como una significación, a todas luces, ideológica; pero no una diferencia de las Administraciones Públicas. Tanto el mal llamado País Vasco, como el País Catalán, lejos de haber sido alguna vez un país por sí solos, estos dos entes han pertenecido a la nación del Estado Español a lo largo de su dilatada historia; ni siquiera en la historia pasada de España, ni el País Vasco fue un Reino, y sí perteneció al Reino de Navarra, ni el País Catalán fue otro Reino, pero síque fue un Ducado del Reino de Aragón; de ahí la vigente denominación de ciudad Condal, referida a la ciudad de Barcelona. “…el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener como respuesta la vía de la justicia penal.” reza en el preámbulo de esta propuesta de Ley. ¿A qué derechos políticos hace referencia? Como si en esta democracia, con la Constitución Española en la mano, no tuviera garantizados los derechos de los españoles, incluidos los catalanes vascos, gallegos, etc, que también son españoles, aunque algunos no se sientan como tales.

En el primer artículo de esta propuesta de Ley “1. Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ley…” Esto quiere decir que los políticos no tienen responsabilidad política en la llamada, y de nueva acuñación por el gobierno en funciones, “intencionalidad política”. Los ciudadanos tienen menos derechos que los políticos. Sigue el artículo 1 de la propuesta de Ley diciendo “Quedan comprendidas en la aplicación de esta Ley, entre otras, la Causa Especial 20907/2017, seguida ante el Tribunal Supremo; el Sumario 1/19 seguido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya;…” y así seguido de 10 actuaciones más, de los de distintos estamentos de la judicatura que quedan invalidados por esta propuesta de Ley; anulando la separación de poderes, donde el Poder Ejecutivo propone al Poder Legislativo, y al Senado, o sea al Congreso de los Diputados, anular algunas sentencias promulgadas por el Poder Judicial y dejar sin efecto los procesos constitucionales, administrativos, de extradición activa, y etc, y un sinfín de anulaciones de delitos y resoluciones judiciales detalladas en los ocho artículos de esta propuesta de Ley; un disparate mire por donde se mire.

“Me duele España”, expresión del célebre escritor y filósofo español, a la sazón vasco, que perteneció a la generación del 98 y que fue Diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española.