A estas alturas algunos estamos hartos de oír hasta la saciedad la palabra progresista para definir a ciertos partidos políticos que la han manejado a su antojo hasta denigrarla. Resulta que progresismo por definición es ser de ideas avanzadas y eso lo puede ser cualquiera que se precie y no es ni puede ser atributo de algunos que por tanto repetirla la han inculcado ya en nuestra cabeza. Alguien dijo que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad, pues aquí lo tenemos. Tampoco han inventado el término pues hubo en España, un partido llamado progresista, hace dos siglos, con ideología de liberalismo y monarquía, durante la regencia de María Cristina de Borbón. En la actualidad, parece que las alturas de miras que tienen algunos de nuestros políticos que lo que hacen es pisotear y denigrar la Constitución vigente en un claro intento de manejarla y someterla a sus intereses. Se llaman progresistas, pero no lo son en absoluto, se me ocurren otros nombres para definirlos como oportunistas, arribistas, que anteponen sus intereses a cualquier principio ético o respeto institucional, aprovechándose al máximo de las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones en un ámbito político. Ya no importan las ideas ni los principios, solo cuentan las aspiraciones personales, el logro individual, el precio de un sillón, el reparto de botín, el que hay de lo mío.

Vergonzoso por lo que tiene de desprecio a los ciudadanos y sus problemas y la poca importancia que se da a mejorar la vida de la gente, que es para lo que deberían estar. Se pacta con partidos que no condenan el terrorismo, se nombra a parientes en puestos políticos, se aumentan vicepresidencias, se habla de segar y cosechar según intereses espurios, se mencionan referéndums ilegales, se imponen lenguas por encima del castellano o el impulso del catalán en las Instituciones europeas por exigencia de los separatistas catalanes, además de permitir que en el Congreso deje de ser el español el idioma vehicular permitiendo que se expresen en otros. Obvian los problemas reales que son otros, como el empleo y el paro sobre todo en los jóvenes, el acceso a la vivienda, la carestía de la vida, los contratos basura, la pérdida de poder adquisitivo, las vacaciones como lujo, la sequía, los incendios, el cambio climático y un largo etcétera que parece no importarles en absoluto desde sus sillones, pero es lo que preocupa a los ciudadanos si leen las encuestas serias europeas. Todas las líneas rojas traspasadas, pero parece no importar, ya no se acuerdan de que existían principios en una democracia sana, con pactos y participación ciudadana y no llena de confrontación política y batallas electorales.

Estoy seguro, lamentablemente, que aún nos quedan por ver cosas increíbles en nuestra Nación y en nuestra Comunidad, lideradas por unos ejecutivos Frankenstein que viven de concesiones y favores, entre ellos, en lugar de políticas orientadas a soluciones que nos saquen de las crisis para reflorecer. Los pactos alcanzados por los socialistas con los separatistas catalanes, reforma sedición y malversación, y ahora pretender conceder una amnistía a los integrantes del procés, son humillantes para un país europeo que admite, poco menos, que su sistema judicial es como un poder represivo. La exigencia de un relator internacional en las negociaciones es una ofensa y un dislate por lo indigno de la petición. Además, la amnistía equivale a reconocer que los independentistas tenían razón. Cuando un Estado depende de un prófugo de la Justicia que exige una Amnistía y un Referéndum de autodeterminación, algo que no contempla la Constitución y es ilegal, para favorecer una investidura y se busca el encaje legal para hacerlo, tienen que saltar todas las alarmas porque si algo han demostrado los que se hacen llamar progresistas es que nada les para hasta lograr su objetivo que es gobernar a cualquier precio. La pretendida ley orgánica de amnistía es un fraude de ley, porque se sustenta en una falacia, por tanto, debería de provocar su nulidad. Pero la última remodelación del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, hace temer la falta de neutralidad en la toma de decisiones. Lo más preocupante es que las minorías separatistas, que suman el 6,5 % de los votos, sean los que tengan con sus decisiones la estabilidad de nuestro país sabiendo que su objetivo es debilitarlo y fragmentarlo. Lo que mal empieza mal acaba.