Entre administradores y usurpadores

Benedicto Aguirre Echeverría, Medicina General

Publicado el 22/09/2023 a las 07:32

A ver si logro que se entienda. Cuando el administrador de una finca adquiere un potencial que no le corresponde, decide en lugar de sugerir, incluso legisla y, en definitiva, se proclama regidor de los bienes, ha llegado el momento en que el propietario será sometido por quien nunca debiera haber adquirido otra función que no le corresponde. Eso es, sin lugar a dudas, lo que ha sucedido en nuestro país con los políticos.

Así se ha llegado al extremo en que nuestros políticos, no tanto gestores ni siquiera administradores, legislan a su antojo, han logrado la manipulación de la judicatura, han alcanzado el grado de aforamiento que les exime de penas y, para colmo, porque verdaderamente es el colmo, se permiten legislar en favor de quien ocupe la vivienda de los propietarios de la finca.

Una población desidiosa, despreocupada, egoísta, permisiva es cómplice de quienes teniendo por labor la administración de bienes, se convierten en regidores y, en definitiva, se constituyen en propietarios y no pocas veces en usurpadores de los bienes.

Imaginen por un instante que el empleado de un supermercado cualquiera decide falsear la documentación necesaria para trabajar como médico de la sanidad pública española o supongan que el mecánico de un taller de reparación de coches trampea los documentos que le permiten trabajar como arquitecto en la construcción de viviendas. O que el camarero de un restaurante alcanza con sabiduría el control de un avión de pasajeros.

Sin embargo, nadie se aturde porque cualquiera, empleado de supermercado, mecánico de taller, camarero, etc, tenga la opción de lograr un puesto de político y diseñar después el programa que oriente el destino de la nación española. No debe extrañarnos tanto la sucesión de estos y otros desajustes, si nos entretiene tanto un “beso” y desatendemos las circunstancias que continúan incrementando el déficit público y, lo que es peor, el endeudamiento sin freno de nuestra nación. Por todo esto, se impone la necesidad de que la formación personal en valores se determine como un asunto preferente de estado y no se deje, como sería deseable, en manos de los progenitores porque, como puede comprobarse, con frecuencia, son muchos los padres quienes carecen de formación.

En conclusión, es imperiosa la necesidad de educar en valores y desde edades tempranas a la población española decadente y manipulada para que entienda que, en el momento en que un ciudadano es elegido como administrador de sus bienes, nunca debiera haber adquirido el potencial que hoy tienen nuestros políticos. Entre tanto nuestras críticas queden únicamente en comentarios de bar, nuestros administradores podrán hacer lo que les venga en gana, sin contar con la opinión de los propietarios. O sea, con nuestra opinión. Salvo se adapten determinaciones urgentes que modifiquen la administración indecente de nuestros “gobernantes”, auguro un desenlace fatal en un futuro no lejano.

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