Atrás quedaron los tiempos en que las listas de las franquicias políticas de ETA eran retiradas por mandato del Supremo cuando estaba en vigor la ley de partidos que aprobó el Gobierno de Aznar, que contribuyó decisivamente a la desaparición de ETA. Bildu no es sólo un socio parlamentario preferente del Gobierno. Es un partido político históricamente vinculado a ETA que jamás ha condenado los crímenes de la banda. La centralidad de las víctimas exige acabar con las puertas giratorias que convierten a terroristas sin arrepentirse en cargos públicos, representantes de un Estado de Derecho que se deslegitima a sí mismo. El problema no está en Bildu, que tiene clara su hoja de ruta en manos de Otegui. El problema está en el Gobierno Sánchez que blanquea a ese partido y está dispuesto a llegar con él a acuerdos, incluso de gobierno. No se trata de que los candidatos de Bildu tengan intactos sus derechos políticos. Se trata de una cuestión de dignidad y justicia especialmente con las víctimas, pero también con la sociedad en su conjunto.