Algunas medidas adoptadas por el Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones, entran dentro de lo que suele denominarse “políticas progresistas”, aunque también hay que examinar cómo se han ejecutado. Pero difícilmente se puede llamar “progresista” la ofensiva para dominar el poder judicial, las leyes de Eutanasia, “Trans” y del “Sí el sí”, o la de Educación, que dificulta la libertad y ha dejado atrás la excelencia. Tampoco puede calificarse como “progresista” impedir pactos de Estado con las fuerzas constitucionales mientras se estrecha la alianza con partidos populistas e independentistas. Progresar no es, precisamente, manejar el Código Penal para suprimir la separación de poderes y los delitos cometidos por sus aliados. En fin, no hay nada menos progresista que provocar la división entre los españoles como ha hecho Sánchez a lo largo de esta legislatura.