El BOE de 20 de octubre publica la Ley de Memoria Democrática ocupando 55 páginas del Diario Oficial, con una Exposición de Motivos que no necesitaría semejante farragosidad y extensión, salvo que sea para justificar o razonar una serie de disposiciones inexplicables, intencionada y manipuladas

No es mi intención analizar la prolija exposición de motivos y el articulado, que ya ha sido criticado por otros especialistas, pero me cuestiono la competencia estatal para aplicar esta Ley en la Comunidad Foral. Dicha competencia se fundamenta en la Disposición final cuarta. Titulo competencial. Párrafo primero: “La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar (sic) la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el art. 149.1.1ª de la Constitución Española”.

Art. 149.1.1ª CE: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1º La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

No tengo claro lo de “las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles” pues de un ligero vistazo al texto de Ley de Memoria Democrática parece deducirse lo contrario: propicia la polarización de los españoles, establece sanciones, fomenta el incremento del censo electoral en el extranjero, avivando unos rescoldos, los más recientes de hace medio siglo.

El Parlamento de Navarra, el mismo día de la publicación de la Ley de Memoria Democrática, rechazaba una moción presentada por el PSN que instaba a apoyar la citada Ley. Es decir que dicha norma estatal no es avalada por la institución que representa al pueblo navarro (art. 11 ley Orgánica 13/82 “Amejoramiento”).

Por tanto, ya metidos en historia y fueros, opino que quizás habría que rememorar el pase foral o derecho de sobrecarta del Consejo del Reino, de hace menos de dos siglos, y aplicar a la Ley de Memoria Democrática el “acátese y no se cumpla”.

JOSé LUIS DíEZ DíAZ