Hace unos días, mientras desayunaba ojeando el Diario, me encontré con una noticia que no me dejó indiferente; más bien me llenó de incredulidad y estupor: habían desaparecido varias obras de arte de la UPNA. Este hecho se descubrió al ir uno de los autores -el pintor Pedro Salaberri- a solicitarlas para una exposición en la Sala de Armas de la Ciudadela; entre ellas, un cuadro de grandes dimensiones del artista Fernando Iriarte. Para su sorpresa, Salaverri fue informado de que el cuadro y otras obras “habían desaparecido” y se encontraban en “paradero desconocido” desde el año 2015, según ha informado el Rector.

Tras este hallazgo, se solicitó su comparecencia en Parlamento, durante la cual, lejos de asumir responsabilidades, se dedicó a “tirar balones fuera” indicando que eran 12 las obras desaparecidas (varias de ellas guardadas “en una carpeta azul metálica”), y que la causa principal de su desaparición era que se habían movido en reiteradas ocasiones. Más allá del valor de las obras desaparecidas, lo grave es que la ciudadanía navarra no habría descubierto este hecho si no fuera porque Pedro Salavarri fue a rescatar un cuadro de Fernando Iriarte para una exposición de la que él es comisario. Dicho cuadro, un díptico de enormes dimensiones, fue tasado en 2007 en 9.000 €, apareciendo su tasación estimada en 2017 solo en 400€. Según palabras del propio Iriarte “el cuadro no va a aparecer, se lo habrá quedado algún listillo”. De nuevo incredulidad y estupor, como la que me generó el que el circuito de Los Arcos que costó al contribuyente navarro la friolera de 67,8 millones de euros acabe de venderse por 7 millones (la décima parte de los que nos costó).

La noticia de la desaparición de las obras de arte de la UPNA viene precedida por la publicada con fecha 26 de agosto en la que DN informó que la Fundación UPNA había sido condenada por cuatro despidos improcedentes de trabajadores que habían denunciado previamente ser víctimas de acoso laboral. En este caso, el TSJN refrendó la ilegalidad de los despidos tras las sentencias de primera instancia, y los vinculó con la situación de “conflicto laboral” que existía en la organización desde que fue nombrada la actual Gerente. La propia sentencia afirmó que los despidos fueron una “forma inadecuada” de resolver el conflicto. Además, los jueces del TSJN indicaron que la UPNA no había entregado los expedientes de la instrucción de las denuncias de acoso laboral llevada a cabo por el Vicegerente de la UPNA, a pesar de los reiterados requerimientos del juzgado, algo inaudito en un estado de derecho. Y yo me pregunto, ¿se encontrarán quizás junto a las obras de arte en la desaparecida carpeta azul eléctrico con lazos negros? De nuevo la incredulidad y el estupor se apoderan de mí.

En definitiva, lo realmente importante de todo esto es que tengamos los ciudadanos navarros que permanecer pasivos frente al uso “improcedente” de partidas presupuestarias. Está claro que no se vota un presupuesto para que se apliquen fondos para cubrir o pagar actos “improcedentes” de funcionarios públicos, como lo son parte de los miembros de la Junta Rectora de la Fundación UPNA presidida por el Señor Rector. Pagar con dinero público actos “improcedentes” es reírse con impunidad inaceptable de los que pagamos impuestos. Esto fondos, que en el caso de los despidos de Fundación UPNA ascienden a más de 300.000 euros, deberían ser soportados por quienes deciden llevar adelante actos contrarios a las normas, o sea, “improcedentes”. Pido al Defensor del Pueblo de Navarra que tome cartas en el asunto, exija que se asuman responsabilidades, y haga que “vuelva al pueblo lo que es del pueblo”.