Hay un dicho latino que dice “In pessima republica, plurimae leges” (A mal gobierno muchas leyes) aplicable a la Cámara foral, una de las más costosas y numerosa de España, cuyo furor ordenancista, con vacuas e inaplicables normas, supone una pérdida deliberada de tiempo, o el interés en engrosar las nóminas de medio centenar de parlamentarios con asistencias a reuniones y comisiones “ad hoc”.

Nóminas que si se correspondieran con dedicación y conocimientos, y un número racional de parlamentarios, como en varias CCAA, no me parecerían elevadas, teniendo en cuenta lo que perciben los niveles más altos de la administración, también sobredimensionada, o los de cargos de libre designación en jefaturas de gabinetes, asesores y direcciones generales, sin contar las consejerías. Pero no va por ahí el principal motivo de este escrito, sino destacar entre esa cascada de leyes, una de las últimas aprobadas, el 30 de junio, que considero inapropiada o innecesaria: la Ley de Víctimas de Abusos Sexuales en la Iglesia.

Una ley debe dirigirse a la generalidad y no a personas en particular, o un ámbito concreto, donde los responsables, como apunta el Arzobispado de Pamplona, ya trabajan desde hace años para erradicar esta lacra social, igual que el resto de la Iglesia Católica. ¿Qué diríamos en este tiempo actual, los católicos formados, si la Iglesia diera unas instrucciones a sus fieles creando comisiones para investigar los gastos innecesarios y las incompetencias y desmanes de los gobiernos?

Estoy a favor de la denuncia de los afectados en las instancias competentes de esas conductas repugnantes y execrables, cuya mayor parte se refieren a tiempos pasados, presuntamente, materializados en colegios o centros relacionados con la Iglesia Católica. Pero en la actualidad se están conociendo hechos similares y más graves en entornos políticos, deportivos (fútbol, atletismo, gimnasia…) o centros de trabajo, sectas, etc... y no conozco que exista una ley específica para cada entorno. La Ley, por ello, quedará, como otras (Mapa local, Despoblación, Transparencia, etc.) en el BON. Pronto se acaba la legislatura y me congratulo por ello del voto en contra de la Ley por parte de Navarra Suma (40% del Parlamento) y, por supuesto, la negativa del Arzobispado a participar de la Comisión, de nueve miembros, que prevé la Ley, y de la que me pregunto qué tipo de formación o titulación será la de las cuatro personas a designar por Gobierno y Parlamento. Mi sincera solidaridad y apoyo a los afectados que de forma espontánea y valiente han denunciado estos presuntos delitos, y que la justicia depure las correspondientes responsabilidades.