El Estado de Derecho es consustancial a la democracia por lo que ésta no es posible si se desconfía del Estado de Derecho, y no se puede confiar en el Estado de Derecho si no se confía en la independencia de los órganos de la administración de justicia, empezando por el Tribunal Constitucional, siendo una quimera pretender que se confíe en la independencia de éste cuando sus miembros son elegidos por los poderes políticos mediante un sistema de reparto, contraviniendo así, al menos en su espíritu, el mandato constitucional que establece que han de ser elegidos por consenso, lo que habría de conllevar una congratulación general y no el lamentable espectáculo ofrecido.

Dicho lo anterior, resulta que se produce la perfecta pescadilla que se muerde la cola, pues si sus miembros son elegidos inconstitucionalmente, su inconstitucionalidad habría de ser declarada por los miembros inconstitucionales, lo que sería nulo al ser nulo el tribunal. Siendo el Tribunal Constitucional el adalid de la independencia del Poder Judicial, formar parte del Poder Político implica la quiebra de uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo que la única esperanza y solución que parece posible es que los magistrados elegibles, bien por dignidad, bien por prestigio, bien por mero talante democrático, rechacen el sistema de reparto no aceptando su nombramiento por esa vía y exijan la elección por consenso entre todos ellos, y mientras no lo hagan así carecerán de la autoridad moral para reivindicar su independencia y su actuación en base a la legalidad vigente.

Eduardo Aya Onsalo