En este país, que cada vez más se evita llamar España, se dice que sobran políticos y aunque lo parezca, no es así. Lo que sobran son hombres/mujeres que se escudan y esconden en listas de partidos, arrimándose al poder, tanto en ámbito nacional como en las CCAA y entidades locales, así como en otros organismos dependientes o creados “ad hoc” para recibir una pingüe retribución. Muchos de estos “pseudo-políticos” acceden al cargo (carga para el contribuyente) con gran ilusión y ganas, pero cuando ha pasado el ecuador de la correspondiente legislatura, salvo honradas excepciones, se convierten en líderes de la supervivencia y todo su objetivo es medrar y seguir “chupando de la piragua”. Estos “pseudo-políticos son los que sobran. Faltan los genuinos políticos de vocación, conocimientos, experiencia y cierta dosis de liderazgo, como los que surgieron durante el período inicial de la Transición y cuyo objetivo era el bien común, el interés general, llegar a consensos y el desarrollo de España.

Pero estos políticos vocacionales y profesionales cualificados, precisan algún atractivo o aliciente para su dedicación exclusiva a la “res pública”, y una de las condiciones es asignarles una retribución, transparente y concreta, acorde con la responsabilidad que contraen con la ciudadanía. Leía hace días a un comentarista afirmar que “los políticos cobran poco en función de su grado de responsabilidad porque ellos mismos se han devaluado” aunque el coste total para el contribuyente de ese puesto/ cargo público se vea incrementado notoriamente por una pléyade de secretarios, jefes de gabinete, y asesores digitales (de dedo) de los que se rodean sin sonrojo alguno. Esta forma de proceder conlleva el despilfarro y desprecio de la clase funcionarial, en especial en gobiernos y ayuntamientos, que han accedido por oposición a la función pública y conforman la ADMON. y que “sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía[…]con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103 CE), y que son más que suficientes y cualificados para cumplir con las obligaciones que cualquier organismo o entidad pública tiene, sin necesidad de acudir al nepotismo o amiguismo.

Recientemente el ISPA, gestionado por la Secretaría de Estado de Función Pública, ha dado a conocer la estadística anual (2020) de las percepciones de los cargos electos, donde se puede ver en el caso de alcaldes con dedicación exclusiva, que van desde 108.5167 € /año para la capital de la nación seguida muy de cerca por Ada Colau de Barcelona, hasta los que no llegan a 50.000 €/año, alcaldes de Zamora o Huesca. Como contrapartida el sueldo del presidente del Gobierno de España es de 84.845 euros, algo que no se entiende, así como que presidentes de CCAA, gerentes, otros altos cargos de organismos autónomos, agencias, fundaciones, etc, lleguen a alcanzar los 117.453 euros. O hay trampa en estas cifras, o de lo contrario no es precisamente muy atractivo ocupar estos cargos electos para cualificados/as profesionales y eso nos conduce a una gris y mediocre clase política. No será fácil convencer a estos/as profesionales, que existen, por lo que apelo a la responsabilidad y honestidad de partidos y agrupaciones para motivarlos y dejar de hinchar cada vez más las instituciones públicas, saturando de impuestos a la ciudadanía, con la colocación de amigos y correligionarios que nada aportan a los intereses generales del conjunto de España.

JOSé LUIS DíEZ DíAZ