La irrupción de coronavirus y la posterior entrada en recesión de la economía forzará a las autoridades económicas a la adopción de drásticos recortes siguiendo los dictados de la Troika europea para evitar el rescate. Dichas medidas se traducirán en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad así como a una severa reducción de los sueldos del funcionariado.

El índice de Gini del 2019 (indicador utilizado para medir si la distribución de ingresos o de gastos entre individuos u hogares de una economía se aleja o acerca a una distribución perfectamente equitativa), señala que España sería el quinto país más desigual de la UE. Así, la cruda realidad nos recuerda que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio.

Por otra parte, el último informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década, de lo que se deduce que España habría fracasado en su compromiso europeo de la “Estrategia 2020” que implicaba reducir su pobreza en 1,5 millones de personas. Así, en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 30% de la población y afectaría ya a casi 14 millones de personas y según Cáritas, 4 millones de personas vivirían ya en situación de “pobreza severa” (menos de 307 euros al mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el último año según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.