A pesar de la absoluta necesidad que tiene España del dinero de Europa, solo hemos utilizado el 40% de los fondos europeos del período 2014-2020. Casi dos tercios del dinero de la Unión Europea no se ha aprovechado, y esto evidencia el enorme desafío al que se presenta nuestro país para aprovechar ahora los 140.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que supuestamente llegarán en verano de este año. El auténtico reto es extender el efecto de ese dinero a las pymes y ayuntamientos, para que los efectos se sientan en el ciudadano de a pie. Como es lógico, en la Comisión Europea existe la máxima preocupación de las condiciones de ejecución de esos fondos y de cómo España va a gestionarlos. Bruselas espera reformas de calado en materias como empleo, pensiones, gestión del gasto…

La economía española ha sufrido una caída del PIB en 2020 del 11%, el mayor desplome desde la Guerra Civil, producido por las restricciones que han impuesto los gobiernos para tratar de contener la expansión del Covid-19. Las limitaciones a la movilidad, el sector servicios y la hostelería son las ramas de actividad más dañadas, a las que se suma el deterioro del sector exterior, el frenazo del consumo interno y el desplome de la inversión. La economía española se queda atrás y se descuelga de Europa. Algunos países como Alemania, Holanda o Italia con una gestión menos restrictiva, están viendo una mejora sustancial en sus economías.

Como consecuencia de esta reducción en la actividad económica y por desgracia, estamos siendo testigos de una continua pérdida de empleo. A los ajustes de las plantillas de Caixabank con el despido de 8.300 empleados, el BBVA con 3.800, El Corte Ingles con más de 3.000, se le suma la multitud de empresas que, desde el anonimato, se están viendo obligadas a aligerar sus plantillas adaptándolas a la coyuntura actual. A pesar de lo dramático de estos ajustes, puede ser razonable realizarlos si son la única manera de salvaguardar la supervivencia de esas empresas.

Pues bien, resulta curioso cómo España es el único país en que la importante reducción de la actividad económica afecta a todos los agentes sociales y económicos, excepto a la Administración y a los políticos. El número de políticos y altos cargos, ministerios, consejerías, departamentos, gabinetes y sobre todo la burocracia administrativa, supuestamente deben ir al unísono con el nivel de actividad. Si la actividad del país crece, deberán crecer para mantener ciertos niveles de productividad, pero si la actividad baja, deberían reducirse. Por desgracia, los ministerios, consejerías, departamentos, gabinetes y toda la burocracia, dependen de políticos, y parece ser que ninguno de ellos está por la labor de rebajar este tipo de gastos. Cuando aparece alguna tímida propuesta de reducir el número de diputados y altos cargos, enseguida es inadmitida. Por el contrario, Italia, por ejemplo, ha aprobado recientemente un plan de austeridad de 45.500 millones para adelgazar la administración local, suprimiendo 36 provincias y eliminando 50.000 cargos públicos.

Ya basta de que el pagano de todo esto sean las empresas, sobre todo las pymes, y el ciudadano de “a pie” que paga sus impuestos religiosamente. Lo que España necesita es adelgazar brutalmente el número de políticos y altos cargos, reducir ministerios y consejerías, acabar con la burocracia sin sentido, evitar las duplicidades, y en definitiva, eliminar todo lo no sea imprescindible. Este ajuste tan necesario para nuestro país, de adaptación al nivel de actividad económica actual, nunca va a llegar a menos que sea una exigencia de Europa a la hora del reparto de los Fondos Europeos. Con el nivel de nuestra clase política, Europa es nuestra única esperanza.