No creo que a estas alturas de pandemia alguien considere que los profesionales sanitarios no son merecedores de un trato deferente. Asistimos atónitos, en los primeros embates del coronavirus, a las sanciones a algunos de nosotros por llevar mascarilla mientras atendíamos a los primeros enfermos. Esas iniciativas personales, castigadas por los gestores, salvaron vidas. Vinieron los aplausos…y se fueron. Vinieron los reconocimientos…y se olvidaron. Ahora frente a la tercera ola, cansados y angustiados, afrontamos nuestra obligación con entrega y esfuerzo, asumiendo lo que implica haber decidido ser médica, enfermero o cualquier otro trabajador sanitario, estar en un centro de salud o en una UCI COVID, en una ambulancia o en el equipo de limpieza ¡pero no imaginábamos que teníamos tan malos patrones! En la primera ola, algunas comunidades autónomas tuvieron la prudencia, sin ser una norma de obligado cumplimiento, de proteger a aquellos profesionales que no siendo vulnerables (jóvenes y sanos) sí tenían a su cargo familiares especialmente sensibles. Me refiero a aquellos sanitarios que convivían con niños lactantes, ancianos, enfermos crónicos o pacientes inmunodeprimidos. Navarra no fue una de ellas. Aquí mandaron a primera línea a todo el personal disponible que no tuviese una edad avanzada o una enfermedad que lo hiciera especialmente susceptible al COVID. Habilitaron hoteles para que estos trabajadores no tuvieran que volver a sus domicilios y pudieran infectar a sus familias. Han pasado ya 10 meses desde que comenzó este horror. ¿Podemos mantener a la madre de un lactante este tiempo en un hotel sin ver a su hijo? ¿Puede el padre de un niño con un cáncer estar separado de su familia durante casi un año? ¡Pues parece que sí, si el Defensor del Pueblo no lo remedia! No pedimos exenciones porque todos somos conscientes de nuestras obligaciones. Pedimos una selección de destinos laborales respetuosa, considerada y comprensiva, la esperable de un buen patrón, un patrón al que se le llena la boca hablando de humanización, pero que es incapaz de introducir la más mínima empatía en el trato a sus empleados. Si aceptamos una prelación basada en vulnerabilidad y riesgo en el acceso a las vacunas, también exigimos un criterio flexible en atención a esos mismos criterios en los destinos COVID. Pedimos a los gestores que antes de mandar a un profesional sanitario a pelear con el COVID, a salvar vidas y a quemar su salud, se atienda a sus circunstancias personales, y aunque el Ministerio no lo contemple en su normativa (se ha lucido el Ministerio con sus vaivenes normativos), se flexibilice su destino laboral en atención a sus circunstancias familiares y personales. Al menos mientras el coronavirus no apriete, porque cuando la curva se ponga de pie y las UCIs estén llenas de pacientes al borde de la vida, todos estaremos en primera línea. Todos sin excepciones ¡Es lo que toca!

Alberto Pérez Martínez, Secretario General del Sindicato Médico de Navarra en nombre de su Ejecutiva