En el artículo publicado en Diario de Navarra el día 9 de enero, se hacía referencia a la partida de presupuestos destinada a nóminas de funcionarios del Gobierno de Navarra y desarrollaba con todo lujo de detalles para asombro de propios y extraños, con unos pequeños circulitos muy ilustrativos, el montante de cada una de las profesiones. En esta crisis económica y sanitaria que padecemos desde ya casi un año, en las que muchas pequeños autónomos tendrán que cerrar sus negocios o ver mermados sus ingresos de forma notable, los funcionarios del Gobierno de Navarra aumentarán de media sus nóminas en 1.487 euros respecto al ejercicio anterior, un alza de casi el 4% y, no solo eso, sino que un funcionario de la administración foral ganará de media 39.000 euros, sin contar con la subida del 0,9% pendiente. A destacar, los responsables del servicio navarro de salud con 67.000 euros de nómina anual y los médicos con 63.000. Además, más de 500 funcionarios cobrarán más que la presidenta Chivite que se embolsa al año 75.000 euros, sin poner en duda su responsabilidad, que debe ser mucha.

Es evidente el privilegio del que gozan los 26.500 funcionarios del Gobierno de Navarra, para los que haya pandemia o no haya pandemia o crisis económica o se estrelle un meteorito en la Plaza del Castillo, al final de mes tendrán abonada su nómina indemne en su estimada cuenta corriente.

No es cuestión de desmerecer el trabajo que hacen profesores, médicos, enfermeras, celadores, policías, bomberos y otros tantos funcionarios sin los que no sería posible el sistema del bienestar que hemos creado entre todos, si no que el agravio comparativo con el resto de la sociedad llega a ser casi humillante. Es cierto, sacaron una oposición y estudiaron como titanes para aprobarla, pero el privilegio no puede llegar tan lejos. Es razonable entender que el sacrificio para salir juntos de esta pandemia debe ser compartido, y si no que se lo pregunten a los hosteleros, taxistas, comerciantes, dueños de casa rurales, albergues, hoteles, agencias de viajes, artistas, agricultores y ganaderos que han visto mermados sus ingresos hasta el punto de verse abocados al cierre o simplemente no poder llegar a fin de mes.

Pondré un ejemplo para ilustrar el agravio comparativo. Un autónomo que cotice como mínimo 290 euros a la seguridad social, cobrará si está de baja unos 690 euros y seguirá pagando la cotización a la seguridad social para más inri. El líquido que se embolsará en ese mes de desgracia para él - que a todo hijo de vecino le puede pasar como un accidente o enfermedad- será de 400 euros. En cuanto a la jubilación, ¡qué Dios le pille confesado! Vamos, que los autónomos somos una especie de prohombres que en ningún momento de nuestra vida laboral debemos padecer enfermedades o incapacidades, porque ya se encargará el sistema de que des un respingo de la cama y te reincorpores al trabajo rápidamente.

Por el contrario, un funcionario si está de baja cobrará integra el 100% de su nómina y el gobierno se ocupara de pagarle su cotización a la seguridad social religiosamente, así como unos cuantos derechos más adquiridos que aumentarán su jubilación considerablemente como los montepíos, etc. Además, los sindicatos, con sus liberados al frente según gremios, negociarán en tediosas reuniones maratonianas, con todo el empeño del mundo, para que no les escape ni siquiera un céntimo de sus más que dudosas atribuciones. Ya nos gustaría a los autónomos tener esas benditas mesas sectoriales, para que defendiesen con ahínco todos nuestros derechos. ¡Ah, utopías de la vida! Nadie desmerece el trabajo de nadie. No, no es eso. Los funcionarios realizan un trabajo indispensable para la sociedad, como también lo hacen los camareros, comerciantes, taxistas, agricultores, hosteleros, transportistas, empresarios de todo tipo y otras tantas profesiones que son imprescindibles para nuestros sistema del bienestar, desde una limpiadora de hotel o cuidadora de ancianos hasta el mismísimo presidente del gobierno. Todos somos necesarios. Es el agravio comparativo. La injusticia social.