Recientemente hemos sabido que el Comité científico que condujo nuestro país durante la pandemia del Covid-19 nunca existió, y según ha reconocido el Ministro de Sanidad fue un invento del Gobierno para proteger a Fernando Simón y su equipo. Las decisiones sanitarias tomadas durante todo este tiempo realmente han resultado ser decisiones tomadas por políticos, como muchos intuíamos. Esta falta de transparencia unida a una pésima gestión, han colocado a España en el epicentro mundial de la crisis del Coronavirus y han provocado una desconfianza absoluta en este Gobierno. Paralelamente, España ha entrado en un período de recesión sin precedentes, con una caída histórica del PIB cercana al 20%.

Nos encontramos ahora en un momento nuevamente complicado, porque los rebrotes y sobre todo el miedo de la población empiezan a crecer sustancialmente. Miedo al contagio, miedo al contacto con otras personas, miedo a perder el empleo, miedo a gastar más dinero del estrictamente necesario, en definitiva, miedo al futuro. La población en general demanda al Gobierno certidumbre y transparencia, y sobre todo medidas que permitan tener confianza en el futuro, empezando por una legislación relativa al Covid-19 común para toda España.

La pandemia además de la crisis sanitaria está provocando una caída importantísima de la actividad, el cierre de muchas empresas, la situación al borde del abismo de muchas otras y como consecuencia una caída importante de la recaudación fiscal, un aumento histórico del desempleo que podría alcanzar valores inimaginables, y un aumento notable del endeudamiento. Tanto es así que las cuentas públicas del Estado acumulan un déficit cercano al 5%, ya que la pandemia ha desbaratado tanto los ingresos como los gastos públicos. Los primeros provienen principalmente de los impuestos que pagamos, habiéndose producido una importantísima reducción del IVA como consecuencia del hundimiento del consumo, del Impuesto de Sociedades por la parálisis de la actividad económica y con una caída cercana al 30% en lo recaudado por IRPF. Por otro lado, las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias del Covid-19 han disparado el gasto público en casi un 25%. Si miramos a nuestro alrededor las cosas no están mucho mejor, ya que por ejemplo la economía alemana ha sufrido la mayor caída de su historia, con un desplome del PIB superior al 10%.

Al mismo tiempo se está estrangulando cada vez más al insostenible sistema de Seguridad Social español. Desde hace años el Estado debe cubrir el déficit continuado que se produce fruto del exceso de pagos sobre una cada vez menor recaudación. En la coyuntura actual, mientras las cotizaciones derivadas de los trabajadores en activo se van reduciendo significativamente por el aumento del desempleo, aumenta exponencialmente el gasto social, derivado de los ERTES, las ayudas y subsidios, y un mayor gasto sanitario como consecuencia de la pandemia.

Así que todos esperamos que los Fondos Europeos de reconstrucción lleguen a nuestro país cuanto antes y se destinen a la realización de reformas estructurales necesarias para la reactivación económica. Debemos contar con la importante opinión de los empresarios y no podemos permitirnos caer en el error de destinar ese dinero a subvenciones y ayudas que supongan pan para hoy y hambre para mañana. Habrá que invertirlo en reformas que ayuden a generar un clima de confianza y colaboración público-privada, que permitan generar un modelo productivo y económico sostenible. (...) El que suscribe tiene cierto temor a que estos fondos puedan convertirse en moneda de cambio de acuerdos políticos y no lleguen a cumplir su fin último. En Europa está emergiendo un nuevo modelo económico denominado “economía circular”, cuyo fundamento gira en torno al consumo de productos y servicios locales, que permiten la eliminación de intermediarios y reducción de costes, redundando en precios generalmente más competitivos.

Por cierto, con este panorama de reducción drástica de la actividad económica, sería de agradecer que nuestra clase política tomase conciencia de la nueva situación y aligerase la estructura de la propia administración. Habría que reducir burocracia, funcionarios, políticos, directores, subdirectores, asesores, jefes de gabinete, y un largo etcétera de cargos, para tratar de controlar el gasto extra que el Covid-19 por ejemplo está suponiendo ya para Navarra en torno a los 1.000 millones de euros.