Jugando con fuego

Ante la evidencia de que el uso de la mascarilla es un factor crucial para superar esta situación, la mayoría de países del mundo han optado por hacerla obligatoria, aunque, eso sí, con la diferencia de que unos están empeñados en que esto se cumpla, y otros no. En España, esta obligatoriedad viene recogida en una ley que deriva directamente de la Constitución y cuyo objeto es preservar la salud pública - razón más que suficiente para acatarla-, pero constatamos que, a pesar de su trascendencia, una porción significativa de la población la incumple; y lo que es peor, que la incumple con la total aquiescencia de la autoridad pública.

Llevamos más de cuarenta mil muertos - el equivalente a cuarenta años de accidentes de carretera-, y se generaliza la idea de que esto no se va a acabar hasta que todos nos confinemos detrás de nuestra mascarilla. Y uno puede entender que haya gente insolidaria que no participe en el esfuerzo común de mantener a raya la epidemia y acabar por erradicarla, pero resulta desconcertante que quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley miren hacia otro lado.

Es probable que tanto el ciudadano que ha decidido ir por el mundo a cara descubierta como la autoridad que se inhibe piensen que esto está vencido y ya no es necesario tomar precauciones. Pero no pueden estar seguros y, en caso de duda, es al menos una temeridad no abrazar la hipótesis más desfavorable. Es decir, que el virus sigue siendo el mismo y que solo la actitud de quienes cumplen la ley evita que la situación no vuelva a desmadrarse.

Miguel Ángel Munárriz Casajús