Impuesto encubierto a los transportistas

El anuncio que el pasado miércoles hicieron los socios internos y externos (EH-Bildu) del Gobierno de Chivite de gravar el transporte pesado en cinco carreteras de la Comunidad Foral no puede ser tomada como una buena noticia para nadie. Ni, obviamente, para los transportistas, ni para las empresas, ni para la actividad económica en general. Sólo demuestra la falta de ideas, de iniciativa de un Gobierno incapaz de pensar más allá de soluciones viejas y caducas que se basan en buscar hipotéticos beneficios a unos, a costa de crear inconvenientes muy reales, a otros.

El problema de la red viaria navarra es un problema de dejadez. Ni el anterior Gobierno de Navarra, ni el actual han hecho una apuesta seria por las infraestructuras que crean riqueza. Nadie puede discutir que es necesario actuar en las carreteras de Navarra. Una actuación integral, planificada y con objetivos claros. El principal problema que vemos en Navarra Suma es la falta de inversión, o más bien la priorización de otras inversiones. Frente a actuaciones que suponen un claro beneficio para todos los navarros (léase la red viaria, pero añádanse otras como el TAP o el Canal de Navarra), el Gobierno de Navarra prioriza otras, cuyos objetivos no tienen, en principio, un carácter tan estructural como la red viaria foral.

En el caso de navarro, la falta de inversión de estos últimos años tanto en conservación, pavimentación y mantenimiento, como en la construcción de nuevas infraestructuras hace que nuestras carreteras estén envejecidas y muchas de nuestras infraestructuras obsoletas y caducas.

Es obvio y ahí están las cuentas y los presupuestos: Durante la legislatura pasada hubo grandes recortes en inversión viaria. No podemos pensar que todas las soluciones a esos años de dejadez pasan por la subida de impuestos a los transportistas, mediante la aplicación de peajes. Primero es necesario pensar también en un cambio de prioridades en el Gobierno Foral. Navarra Suma estamos, y así lo hemos hecho en todas las propuestas que hemos presentado al Plan Reactivar Navarra, por recuperar la economía regional mediante inversiones. Y esa inversión debe salir de los presupuestos generales y no de un nuevo impuesto encubierto a los transportistas navarros, que después repercute en toda la ciudadanía.

La situación que nos propone la presidenta Chivite y sus socios nos crea un escenario en el que los transportistas pasan de ser los héroes que siguieron al pie del cañón en lo más duro de la pandemia, a ser los paganos de una medida que fundamentalmente es injusta. No se puede gravar más al sector; no están viviendo en ningún paraíso, existe una gran reducción de la actividad, ligada al parón económico generalizado. Los transportistas pagan impuestos y aportan a la Comunidad alrededor de 275 millones de euros anuales, cuantía equivalente al 7.05 % del total de ingresos por parte de la hacienda foral. Si toda la actividad económica se reduce, ¿es justo cargar sobre sus espaldas más impuestos? Y más teniendo en cuenta, que casi el 50% de esos 275 millones de euros que aportan corresponden a peajes.

Desde Navarra Suma apoyamos el consenso. El Gobierno debe hablar con el sector, sentarse y dialogar. Las fuerzas del progreso como les gusta llamarse a los socios de Chivite no son amigos del acuerdo; pero este es ahora más necesario que nunca. Sin ese diálogo previo, Navarra Suma no puede apoyar una iniciativa de este calado.

Javier García Jiménez, parlamentario de Navarra Suma y miembro del Partido Popular de Navarra