Los datos de Naciones Unidas para España proyectan una esperanza de vida de 84 años para los hombres y 89 años para las mujeres de aquí a treinta años. La evidencia científica es clara: vamos a morir. Y la estadística nos aclara: cada vez más tarde. Si llegamos a esa etapa con alguna dependencia, quizás nos tengamos que preguntar: ¿qué hicimos nosotros por nuestros mayores? Esa pregunta es extrapolable al conjunto de la sociedad. Una sociedad en progresiva digitalización tanto de su consumo como de sus relaciones personales; lo efímero ha sustituido a los valores de lo viejo: experiencia, reflexión, autenticidad. A lo viejo se le asigna la etiqueta de no reciclable cada vez más rápido; paradoja asimétrica a la estadística sobre esperanza de vida. El televisor se evapora en el vertedero, pero al anciano hay que pagarle la pensión. ¡Qué lastre! ¡Y sin que produzca nada más que desecho! Las cifras de muertes en residencias españolas por coronavirus siguen sin aclararse. Muchas, demasiadas muertes, más de la mitad de muertos por coronavirus en España. De los 5.417 centros residenciales que había en España el año pasado, datos de Envejecimiento en Red (CSIC), el 71% eran privados (3.844), y el 29% públicos (1.573). ¿Es la ratio público-privado un indicador que demuestre una mayor incidencia de muertes entre los ancianos? La respuesta categórica a esta pregunta podría esconder ciertos prejuicios. Los fondos de inversión poseen los principales grupos de residencias en España, según datos de Alimarket. Domusvi, con 138 residencias, cuyo accionista principal es un fondo de inversión británico, es quien lidera el sector. Sus residencias han sido intervenidas por al menos cinco comunidades autónomas. ¿Es ético que se alimente con dinero público a fondos de inversión, mediante adjudicaciones que priorizan el factor precio, mientras se perjudica a residencias que ofrecen mejores condiciones a sus profesionales? ¿Se debería incrementar el parqué público de residencias y regular esta transferencia de dinero público-privada, de obscena ética y estética, en sectores esenciales que son víctimas de un claro interés especulativo? Quien defienda la necesidad de mantener unos servicios sociales con garantía de calidad, ante todo humana, lo tendrá claro. Ahora, ¿por qué desde ningún gobierno, indistintamente de su color, se ha hecho nada por avanzar en la regulación del sector residencial? Una residencia deberá disponer de una buena gestión financiera, no cabe duda, pero no puede ser gestionada con criterios que apliquen en sectores que no tengan el mismo componente ético, social y humano. Si la misión de una residencia se aleja de su foco, la excelencia en la calidad del servicio a sus residentes -lo que empieza por ofrecer condiciones dignas a las cuidadoras y dignificando su profesión-, existirá una mayor probabilidad de que se tomen decisiones erróneas que puedan costar vidas.

Jon Guergué San Miguel