Veo con sorpresa, indignación y mucha, mucha tristeza las manifestaciones realizadas el jueves y viernes en Pamplona en apoyo a un etarra condenado, a Patxi Ruiz, asesino de Tomás Caballero.

El derecho de reunión es un derecho fundamental recogido en el artículo 21 de nuestra constitución, pero como todos los derechos tiene sus límites, y uno de ellos es no incurrir en un ilícito penal. Esto está recogido en la ley orgánica 9/1983 de 15 de Julio reguladora del derecho de reunión. Las concentraciones en cuestión tienen como lema “Patxi Ruiz en huelga de hambre y sed”. Se alude con nombre y apellido a un etarra condenado, por lo que estamos ante un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de humillación a las víctimas. Motivos más que suficientes para que el delegado del Gobierno hubiera prohibido dichas concentraciones, cosa que no se dignó a hacer.

Me sorprende enormemente la actitud del delegado del Gobierno permitiendo su celebración. Es una dejación de funciones u otra cosa peor. Su función es velar por el cumplimiento de la ley y está claro que en este caso no ha sido así. Estamos viviendo unos días donde se nos quieren conculcar nuestros derechos, pero según a quienes por lo visto. Aquí no parece que rija la igualdad. Con motivo del día del trabajo se prohibieron en Pamplona y en Zaragoza sendas manifestaciones en base a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Este tema puede dar lugar a prohibición por poner en riesgo la salud pública, pero más que prohibir lo que uno debe es limitar, protegiendo así los dos derechos, el de la salud y el de reunión. De tres prohibiciones dos fueron revocadas por los tribunales superiores de justicia por ir contra el derecho fundamental de reunión. Clarísima es la sentencia dictada por el TSJ de Aragon, con un voto particular aún más claro.

El delegado del Gobierno en Navarra prohíbe concentraciones sindicales por el riesgo de salud pública pero no hace nada con una cuyo lema es enaltecimiento del terrorismo. Curiosa vara de medir. Parece que los derechos solo valen para aquellos que están condenados por terrorismo y no para el resto de ciudadanos y mucho menos para las víctimas.

Con esta actitud el delegado ha demostrado lo sectario que puede ser y lo poco que le importan las víctimas del terrorismo ya que está amparando a sus asesinos. No se si algo tendrá que ver qué Bildu esté sustentando el Gobierno de Navarra y el de España.

Carmen Alba Orduna, ex delegada del Gobierno de España en Navarra.