Cada día me pregunto cómo es posible que con nuestro sólido sistema sanitario hayamos podido llegar a esta situación. El recuento diario de los resultados de la catástrofe y el, a mi modo de ver, miserable desapego de nuestros abuelos me producen una tristeza infinita. Considero que el Gobierno, como máximo responsable de la salud pública, no ha estado a la altura ni en la prevención de la epidemia ni en su gestión posterior. No se trata de una simple opinión, los datos son abrumadores. Hasta aquí el pasado. Desde hoy nos enfrentamos al futuro y la pregunta lógica que surge, es: ¿Podrá este mismo Gobierno gestionar las crisis sanitaria y económica a partir de ahora de manera eficaz? El ciudadano que considere que la respuesta es negativa puede y debe, en ejercicio de su libertad, dar a conocer su opinión sobre la necesidad de un cambio. Pero ¿de qué cambio estaríamos hablando? Con absoluto respeto a las normas y criterios democráticos, lo que este ciudadano propondría es que, de manera temporal, todas las decisiones en materia sanitaria y en materia económica se adoptaran con criterios exclusivamente técnicos; con absoluta independencia de cualquier interferencia política. Ambas áreas serían gestionadas por equipos de profesionales elegidos por miembros de sus respectivos sectores profesionales. ¿Se trata de una quimera? Es posible que así sea; pero en una situación tan estresante como la actual, bien podría ser aceptada por un Gobierno que lo tiene muy complicado en ambas áreas y que únicamente debería delegar temporalmente sus funciones. Esta posibilidad tendría más visos de llevarse a cabo si la oposición se mostrara de acuerdo al respecto. Con esta propuesta resulta evidente que se consideran más apropiados, en una situación como la actual, los criterios exclusivamente técnicos que los políticos o los político-técnicos o técnico-políticos. Pero ¿qué podría esperarse de una medida de este tipo? Hay dos premisas que resultan necesarias para salir de una crisis: la confianza y la seguridad jurídica. Los ciudadanos deben recuperar la confianza de que las decisiones sanitarias se adoptan por los mejores especialistas en cada área, de manera autónoma y con criterios exclusivamente profesionales. En materia económica es imprescindible que se tomen las decisiones correctas pensando en el largo plazo. La seguridad jurídica, condición indispensable para la inversión interna e internacional y para el emprendimiento, es algo que el Gobierno debería ser capaz de garantizar. Si como país no somos capaces de generar confianza y de garantizar una adecuada seguridad jurídica, opino que seguiremos avanzando por un camino equivocado, hasta convertirnos en uno de los que podemos denominar como “países raros”.