La larga crisis de convivencia que llevamos sufriendo los españoles por el impulso independentista catalán (ahora) y vasco (durante cuarenta años) se debe a una gran incongruencia en nuestra arquitectura legal: la Constitución española del 78 asegura la unidad del país pero su ley de partidos permite llegar al poder a quienes defienden la independencia de una parte. Para solucionar el problema habrá que acabar con esa incongruencia. Y solo hay una fórmula, o bien eliminamos el Artículo 2 (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”) o bien prohibimos la existencia de partidos políticos que ataquen ese artículo. La primera opción (acabar con la indisolubilidad de España) permitiría a los partidos independentistas plantear de forma legal un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. La segunda opción (prohibir los partidos independentistas) parece lógica si queremos mantener el principio de unidad. Hay constituciones en nuestro ámbito más cercano, como la alemana, que prohíben los partidos independentistas, fascistas e incluso comunistas. Así la solución sería que nuestro poder legislativo (Congreso de los Diputados) votara por una u otra opción y luego sometiera a referéndum nacional ese resultado para cambiar la Constitución en un sentido (acabar con la unidad de España) u otro (prohibir los partidos independentistas). Y todos deberíamos acatar esa nueva arquitectura legal, ahora sí, congruente.

Antxon Salvador