El pasado 12 de abril aparecía en la página 18 de Diario de Navarra un artículo titulado “Un informe detecta retrasos de 200 días en informes de sanidad municipal” que puede poner en entredicho mi prestigio profesional como gestor que he sido del Servicio de Inspección Alimentaria del Ayuntamiento de Pamplona entre 1998 y 2018. Sin entrar a juzgar aspectos de índole política, que no han sido de mi incumbencia por haber desempeñado un puesto estrictamente técnico en el Ayuntamiento de Pamplona, me gustaría puntualizar. En primer lugar, durante mi trabajo en Inspección Alimentaria, y desde bastante antes de 2017, se ha llevado a cabo seguimiento semanal de los plazos de resolución de expedientes administrativos del servicio, cuya media de respuesta ha estado por debajo de los 30 días. Algún caso puntual ha sido motivo de retraso por diferentes motivos, a pesar de las medidas de control adoptadas pero, ¿cuántos? ¿Uno, dos de los seiscientos expedientes que el servicio tramita anualmente? Además, aunque el sistema oficial de calidad fuera suspendido en un momento determinado, en Inspección Alimentaria se siguieron los parámetros de control anteriormente definidos en él (calendario de inspecciones, control de plazos de expedientes, tomas de muestras de alimentos, atención a denuncias y alertas alimentarias, etc), manteniendo valores muy estimables en todos los casos. Por último, el artículo (y posteriores) puede dar a entender a la sociedad que el control sanitario de las actividades relacionadas con la oferta y consumo de alimentos en Pamplona no está garantizado, lo que no es cierto: la Inspección Alimentaria del Ayuntamiento de Pamplona atiende tanto el control sistemático de industrias y servicios de alimentación como las alertas alimentarias lanzadas desde los organismos europeos y centrales para la seguridad alimentaria, como las denuncias y quejas recibidas, a lo que no es ajeno el alto nivel profesional de su personal.