Comenzaré con una frase utilizada en varias películas de ficción, no debemos olvidar que ésta, en muchas ocasiones, supera la realidad: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” Las redes sociales y su influencia directa en las personas ha evolucionado y crecido a un ritmo vertiginoso, dotándolas de un incuestionable poder. Éste hecho no debería ser un problema, si a su vez hubiera crecido la responsabilidad social de las mismas. Hay que recordar que las redes sociales son empresas con ánimo de lucro. Ninguna es una ONG. Gobiernos como el de Alemania ya han aprobado leyes para penalizar con multas millonarias a aquellas redes que no eliminen el contenido ilegal que se publique en ellas, es decir, los mensajes de odio y las noticias falsas. El conflicto está servido. Y en su centro encontramos la siguiente cuestión: ¿Eliminar contenido en las redes daña la libertad de expresión ciudadana? En mi opinión, el problema no es la ley en sí, sino quién la implementa. El hecho de que un gobierno sea el que clasifique aquello que incita al odio y lo que no, suena demasiado subjetivo. Resulta demasiado sencillo prohibir aquellas ideas que no interesan al mismo. Este es el problema principal. Esta regulación debería ejercerse a través de una entidad imparcial, universal y de forma desinteresada. Aplicando valores universales básicos. Pero ahora mismo, no me viene a la cabeza ninguna organización con estas características. A modo de conclusión, podemos decir que se puso a la venta el juego sin antes exponer las normas del mismo. En consecuencia cada jugador impone sus propias normas. Un escenario poco esperanzador que refleja, una vez más, el caos en el que estamos sumergidos.