Entre los recuerdos de mi niñez en Estella, está el de asomarme a la capilla anexa a la parroquia de San Miguel para mirar con curiosidad la misteriosa talla casi a tamaño real de San Jorge a caballo, venciendo a un dragón panza arriba. Los colores desvaídos de la figura atestiguaban los siglos que llevaba galopando con discreción en la penumbra de la capilla. Esta semana, esta figura familiar solo para los estellicas ha saltado a los periódicos nacionales debido a una desafortunada intervención que ha sacado los colores, no solo al pobre San Jorge, sino también a todos los estelleses. Sin duda, este desgraciado incidente debe abrir una reflexión sobre cómo mejorar la cooperación entre la Iglesia y las administraciones en la conservación de un patrimonio que es de todos. Pero la circunstancia ha sido aprovechada por el alcalde de Estella, Koldo Leoz, para llevar el agua a su molino, mezclando churras con merinas. Ha reclamado el control absoluto de los bienes con valor artístico de la Iglesia por la administración, expropiándolos, y ha acusado a la Iglesia de “usurpar al pueblo” bienes como las ermitas, al inmatricular estos edificios a su nombre. Parece que el señor Leoz tiene una visión tan estatalista que identifica al “pueblo” con la administración del estado o del ayuntamiento, lo que es, sin duda, un error. La Iglesia ha custodiado durante generaciones un patrimonio inmenso que nuestros pueblos sienten muy propio. Este patrimonio es público, ya que es accesible a todo el mundo y puede ser disfrutado por cualquiera. Igual que un taxi, un bar o una peluquería son servicios públicos aunque no pertenezca al estado. Además, si el señor alcalde repasara la historia de España, recordaría que el mayor desastre para el patrimonio artístico de nuestro país fue consecuencia de las expropiaciones de bienes de la Iglesia por parte del estado en el siglo XIX. Se perdieron para siempre valiosísimas obras de arte como libros, cuadros, esculturas o edificios. Por poner un ejemplo que le resultará cercano, el Monasterio de Santo Domingo de Estella sufrió daños irreparables después de que fuera expropiado en 1839 y abandonado, cayendo en franca ruina, hasta su reconstrucción en la década de los 60. Si quiere un ejemplo más cercano en el tiempo, puede acercarse al Palacio del Marqués de Rozalejo, en la Plaza de la Navarrería de Pamplona y propiedad del Gobierno de Navarra. El edificio, tras 20 años de abandono y deterioro, ha sido ocupado, se ha montado un “gaztetxe” ilegal en condiciones insalubres y da verdadera pena. Todo esto sin que las autoridades hagan nada. Tal vez este sea el modelo de gestión que el alcalde querría aplicar a los edificios expropiados a la Iglesia. Sirvan estas reflexiones para que nuestro alcalde sea más ponderado la próxima vez que opine sobre el papel de la Iglesia en la conservación del patrimonio y también para que sea más prudente, antes de lanzarse a emular a Mendizábal.