La ministra de Trabajo, Magdalena Valero, hizo hace unos días unas declaraciones incendiarias; concretamente dijo que “hay que eliminar los efectos letales de la reforma laboral”.

Calificar de “letales” los efectos de la reforma, por alguien que puede desmontarla es grave. La reforma laboral de 2012 ha sido la piedra angular durante los siete años de gobierno del PP. Y nos ha llevado a conseguir tasas de crecimiento sostenido del PIB y por encima de casi todos los países de la eurozona. Su ejecución ha supuesto llevar la tasa de paro desde niveles del 27% (¡seis millones de parados!) con el gobierno de Zapatero hasta el 16 % actual con Rajoy. Los últimos datos de paro de mayo vuelven a ser espectaculares.

Pero además el Programa de estabilidad del Reino de España aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea prevé que el paro en nuestro país bajará hasta el 10,79% en 2021 de continuar con la reforma, lo que nos equipararía con las tasas de empleo de los países destacados de la UE.

Revertir la reforma laboral en España ahora no solo iría en contra de lo que señalan los organismos internacionales sino que según los expertos iría en contra de la consolidación económica que con tanto trabajo venimos consiguiendo y por supuesto sería contradictorio con lo manifestado por el presidente Sánchez que busca: “Un Gobierno para la consolidación del ritmo de crecimiento del PIB”.

Truncar la reforma reimplantando rigideces en el mercado laboral supone avanzar en el terreno del “populismo” eurófobo.

Por supuesto supondría ir en contra de lo recomendado por Bruselas. No creo que Nadia Calviño, ministra de economía y fuertemente europeísta, esté de acuerdo con Magdalena Valero.

Afortunadamente la aritmética parlamentaria, que la ministra ha reconocido, impide de momento desmontar la reforma laboral pero no es descartable que puedan hacerse modificaciones importantes mas adelante acudiendo a acuerdos “contra natura” con otros partidos a los que Sánchez ya nos tiene acostumbrados. Se trataría de volver a hacer prevalecer los convenios de sector sobre los de empresa en temas tales como el salario, jornada laboral, turnos o movilidad laboral.

Estos cambios afectarían negativamente de una manera muy significativa a la seguridad jurídica en nuestro país retrayendo inversiones e introduciendo rigideces en el mercado de trabajo.

Francisco Javier Esteruelas Hernández, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra