Los ciudadanos de España, como se recoge en el texto público, hemos emprendido desde hace mucho el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la comprensión de la naturaleza perversa de discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, ideología política u orientación sexual, y hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, excluye y ya no tolera tales comportamientos.

Pero no sucede lo mismo con la discriminación o delitos de odio por motivos religiosos, que aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene límites morales y legales. Es hora de promover, de manera pacífica pero firme, una respuesta contundente. Nos jugamos el futuro de una sociedad sana y en paz, orientada hacia el bien común, en lugar de una sociedad envilecida que tolera e incluso aplaude las ofensas a los demás.

Jesús Domingo Martínez