Quisiera llamar la atención de nuevo sobre las agresiones a los profesionales de la salud por parte de los usuarios (estos agresores, para mí, son cualquier cosa menos pacientes). Hace unos días se publicaba en este diario un estudio sobre este tema lleno de porcentajes, palabras y frases complicadas de leer para camuflar obviedades, típico de este tipo de estudios. Lo importante: las agresiones verbales a sanitarios aumentan en un 40% en 2017. Sin embargo, hay algo más importante todavía, ¿se hace algo desde la Administración para que esto cambie? En mi opinión, no. En febrero de 2017 sufrí una grave agresión verbal en público (por tanto, con múltiples testigos) por parte de un usuario que, además de insultarme y amenazarme con su actitud, desencajó la puerta de la consulta de un golpe. Inmediatamente llamamos a la Policía Foral que hizo el correspondiente informe. A partir de entonces, y siguiendo las insistentes recomendaciones de las autoridades, denuncié a este individuo. Lo hice en la comisaría de la Policía Foral: que ese hecho ya no era de su competencia (por cierto, ni me pasaron a un despacho para la denuncia), después en el Colegio de Médicos: su abogado (extraordinario, por cierto) me adelantó que no había nada que hacer y, finalmente, en Dirección del CHN y en Salud Laboral, donde el jefe de servicio y yo rellenamos el correspondiente impreso de denuncia. Y, de nuevo, nada que hacer. En definitiva, como si no hubiera pasado nada. Finalmente, lo único que ha ocurrido es que no solo no se ha reprendido ni siquiera al usuario, sino que a los pocos días de la agresión se le dio de nuevo hora con otro médico y seguro que hace tiempo que ya está operado (que es para lo que vino). Y aquí paz y después gloria… En resumen, me parece muy bien que se estudien temas importantes, pero mucho más me gustaría que los políticos que nos gobiernan se dejaran de bonitos estudios descriptivos y pusieran de una vez el cascabel al gato.