Vengo de la empresa privada. Uno de los motivos por los que decidí opositar y trabajar en la Administración pública fue creer que, además de estabilidad, encontraría mejores derechos laborales. Me equivoqué. Con la implantación del fichaje en Osasunbidea, el problema no es fichar. Nadie cuestiona un sistema objetivo de control horario. El problema es que se ha implantado olvidando que quienes trabajamos allí no somos robots: somos personas con familias, hijos e hijas que hay que llevar al colegio y una vida que organizar.

Hasta ahora, cuando las funciones del puesto lo permitían, existían acuerdos organizativos con las jefaturas. No eran privilegios: eran soluciones razonables para poder cumplir íntegramente la jornada y cuidar de la familia sin perder salario. Ahora se nos dice que no hay flexibilidad. Que ya se estudiará a medio plazo. Pero los hijos no se pueden dejar “a medio plazo”. Las familias no pueden esperar a que la Administración valore si sus puestos permiten una adaptación.

Mientras tanto, para quien necesita atender a sus menores, la única alternativa segura es reducirse la jornada y perder un tercio del sueldo. Las normas hablan de facilitar la conciliación y de adoptar medidas de flexibilidad, como de hecho ya ocurre en otros ámbitos de la Administración donde están reconocidas las entradas flexibles y la bolsa de horas, pero en Osasunbidea esa obligación no se está traduciendo en una solución real. La única conciliación acaba siendo la que cada familia paga de su propio bolsillo. Y ante una medida que afecta a tantas personas, sorprende también la pasividad sindical: cero protesta pública, cero exigencia de plazos razonables y cero iniciativa para anticiparse a un problema evidente.

No basta con decir que “se irá viendo” cuando hay familias obligadas a decidir precipitadamente si pierden una parte esencial de su salario durante meses. También debo reconocer que hay jefaturas que, dentro de sus posibilidades organizativas, han tratado de buscar soluciones para no dejar desamparadas a las familias. Es algo que agradezco sinceramente. Pero precisamente ahí está el problema: la conciliación no puede depender de la buena voluntad, sensibilidad o capacidad de cada responsable para encajar un turno. Debe estar respaldada por criterios claros, comunes y asumidos por la propia Administración.

En 2026, en una Administración pública, tener hijos no puede convertirse en una penalización económica. No puede obligarse a una familia a elegir entre cuidar de sus hijos o perder una parte tan importante de sus ingresos. El fichaje debe venir acompañado de medidas de flexibilidad, plazos razonables y soluciones para los puestos donde sean posibles. En lugar de eso, se ha trasladado toda la carga a las familias.

No pedimos no trabajar, ni no fichar. Pedimos que la Administración recuerde que no gestiona máquinas, sino personas.

Gonzalo Sanz de Galdeano El Busto