Me dirijo a este medio para denunciar públicamente la alarmante deriva que ha tomado el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) en los últimos años. Una institución que nació con el noble propósito de ser un mecanismo rápido, gratuito y eficaz para defender a los ciudadanos de a pie frente a los excesos y abusos de la administración local, se ha convertido hoy en una barrera burocrática que parece diseñada para proteger al poder y desgastar al administrado.

La función tuitiva y de control que justifica la existencia del TAN brilla por su ausencia. En lugar de fiscalizar con rigor las actuaciones municipales, asistimos con impotencia a una preocupante tendencia generalizada a validar, por defecto, los actos de los ayuntamientos, cronificando una situación de absoluta indefensión para la ciudadanía.

El ejemplo más flagrante de esta dejación de funciones es su permisividad ante los embargos ilegales de cuentas bancarias que los ayuntamientos navarros realizan sistemáticamente fuera de sus propios términos municipales. Esta práctica, que busca la recaudación rápida a costa de saltarse la ley, ha sido ya juzgada y censurada de forma tajante por el Tribunal Supremo. En su reciente sentencia 84/2024, de 22 de enero, el Tribunal Supremo ha dejado meridianamente claro lo siguiente:

-Los ayuntamientos no pueden dictar ni practicar embargos de dinero en cuentas abiertas en sucursales situadas fuera de su término municipal.

-Esta prohibición se mantiene incluso si el embargo no requiere actuaciones materiales fuera de su territorio por parte de la administración local.

-Si un ayuntamiento necesita embargar fondos fuera de sus fronteras, está obligado a solicitarlo a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o del Estado, según establece el artículo 8.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

A pesar de la flagrante ilegalidad y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre estos embargos directos, que vulneran las garantías más básicas, el TAN continúa mirando hacia otro lado, dilatando los procesos o desestimando recursos con argumentos puramente formalistas. Al negarse a frenar estos abusos de forma contundente, el Tribunal se convierte en cómplice de una práctica recaudatoria agresiva e ilegal que asalta las cuentas de los ciudadanos sin amparo legal.

El TAN está fallando en su misión institucional. No podemos permitir que un órgano de control actúe como escudo de los abusos municipales en lugar de velar por la estricta legalidad y los derechos de los contribuyentes. Exigimos que el Tribunal Administrativo de Navarra recupere su verdadera función, aplique la doctrina del Tribunal Supremo y actúe con la imparcialidad que se le presupone poniendo fin, de inmediato, a los embargos ilegales que los ayuntamientos ejecutan con total impunidad.