Reconoce que en la situación de crisis es difícil hallar soluciones pero dijo que se hará lo posible
La textil Juan Burgos Pamplona cumplió ayer con las peores previsiones y confirmó a la plantilla el cierre de la empresa, poniendo fin a casi 70 años de actividad en Cascante -se fundó en 1940-. La dirección anunció que el pasado lunes presentó ante el juzgado Mercantil la solicitud de liquidación de la empresa.
De esta forma, se quedarán en la calle sus 67 trabajadores, con el problema añadido de que aproximadamente la mitad son mayores de 55 años, con las consiguientes dificultades para encontrar otro puesto de trabajo.
Ante la ausencia de una salida a la situación, la representación sindical ha decidido presentar en el mismo juzgado la petición de extinción de todos los contratos, con el objetivo de agilizar al máximo el proceso para que los trabajadores puedan cobrar cuanto antes el dinero que les corresponde y también para que accedan al mercado laboral. Actualmente, la empresa adeuda a la plantilla el mes de diciembre, la paga extra, y los atrasos en la subida del convenio. Al iniciarse el año la actividad cesó por completo y los trabajadores se encuentran en situación de permiso retribuido.
La razón principal por la que la empresa cesa su actividad es que no ha podido cumplir el plan de viabilidad que presentó en 2005 para evitar el concurso de acreedores. Entonces, se procedió al despido de 57 de los 127 trabajadores y la dirección se comprometió a cumplir un calendario en el pago de sus deudas -se lograron reducir de 9,5 a 6,5 millones de euros tras un acuerdo con los acreedores-, así como a aplicar un sistema de producción más rentable. Sin embargo, no ha podido cumplir sus compromisos y ése ha sido el detonante del cierre de la compañía.
Reunión y asamblea
La comunicación oficial del cierre tuvo lugar en una reunión que mantuvo la empresa con los representantes sindicales. Posteriormente, se celebró una asamblea a la que asistieron 60 de los 67 trabajadores. Durante la misma, se informó a los empleados de la situación, aunque todos la conocían porque la dirección ya había anunciado el cierre la semana pasada de forma inminente.
La principal decisión, que se tomó por 58 votos a favor y 2 en blanco, fue la de solicitar al juez la rescisión de los contratos, "ante una situación en la que la empresa no tiene ningún tipo de solvencia y no puede acometer los pagos porque no tiene pedidos", según explicó José Carlos Ruiz, secretario general del FIA de UGT, quien reconoció que a nadie le gusta pedir la rescisión de contratos, pero que no había "ninguna otra salida y para intentar que la agonía dure lo menos posible". "Alargar el tema sólo hubiera servido para engordar la deuda", añadió.
El objetivo de esta medida es claro. "Si el juez se encuentra con que hay un acuerdo porque la empresa pide la liquidación y los trabajadores la rescisión de contratos, todo será más rápido", explicó Ruiz.
De esta forma, los empleados podrán acceder antes al cobro del fondo de garantía salarial, que marca unos topes de dos veces y medio el salario mínimo con un tope de 20 días por doce mensualidades para la indemnización por despido; y un máximo de 150 días de deuda salarial. Además, podrán acceder más rápido al mercado laboral, aunque el propio Ruiz reconoció que no son los mejores momentos para encontrar un puesto de trabajo.
Problemas en la textil Cunbur
Esta situación se une a la de la empresa Cunbur, otra textil radicada en Cascante. El comité de empresa ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes porque la plantilla no ha cobrado los meses de octubre, noviembre, diciembre, la paga extra y los atrasos. Esta firma, que lleva trabajando en la localidad desde 1965, cuenta con 45 trabajadores, después de que el año pasado también despidiera a 40 personas.
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